Mariana Campos (@mariana_c_v) y Alejandro García (@myosus) | Animal Político

El próximo domingo 8 de septiembre el Poder Ejecutivo entregará el Paquete Económico al Congreso. A pesar de que los tópicos presupuestarios se asoman constantemente en la discusión pública –en especial la austeridad, los recortes y los subejercicios–, aún es escasa la conversación informada sobre los graves problemas que enfrentan las finanzas públicas, y que se agudizarán en lo que resta de 2019 y 2020.

Por eso, aquí te explicaremos ciertos aspectos básicos que te servirán para entender mejor las finanzas públicas en México y, en particular, para sacarle todo el jugo al Paquete Económico 2020 como tema de conversación:

1.

La caída en ingresos es un problema grave que a partir del próximo año pondrá en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, el cumplimiento de pagos y, por supuesto, el financiamiento de las políticas y servicios públicos, incluyendo la entrega de subsidios. Hasta el momento el gobierno la ha librado. ¿Cómo? Usando los fondos de ahorro de los gobiernos anteriores (esos instrumentos diabólicos de la era neoliberalista) y deteniendo la ejecución del gasto a través de subejercicios que eventualmente, redundarán en recortes definitivos. Pero estos fondos de ahorro no son infinitos.

Para el periodo de enero a julio de 2019, el gasto del Sector Público se encuentra 6% o 199 mil millones de pesos (mmdp) por debajo de lo aprobado. Si el gobierno no promueve ya una verdadera discusión fiscal, la solución tardará más en vislumbrarse y el problema seguirá agravándose.

Los ingresos públicos están disminuyendo este año: de enero a julio la caída es de 86 mil millones de pesos, en relación al mismo periodo del 2018. La verdadera mala noticia es que en julio la caída arreció de manera preocupante; los ingresos totales disminuyeron poco más de 100 mil millones de pesos. La caída acumulada es menor a la de julio porque los ingresos de los primeros meses del año la compensan.

La mayor parte de la caída en julio se observó principalmente en los ingresos petroleros, y en menor medida en la recaudación por IVA e ISR. Es el primer mes en que la recaudación se ubica por debajo del año anterior. La situación de los ingresos tributarios es consistente con el hecho de que la economía no ha crecido durante el segundo trimestre de 2019, e incluso puede indicar que la dinámica de la economía durante julio no fue favorable.

Además, en relación al presupuesto de este año, seguimos debajo de la meta de ingresos. Hacienda estima que al cierre del presente año no se obtendrán alrededor de 226 mmdp ya presupuestados. Si a esta pérdida se le suman los gastos no presupuestados –especialmente los apoyos del gobierno a Pemex–, el boquete fiscal se estima que alcance los 251 mmdp.

Para 2020, Hacienda espera que persista la caída en los ingresos públicos, específicamente en los ingresos petroleros. Eso sí: en abril esperaba que la recaudación creciera el próximo año. Sin embargo, sus expectativas posiblemente serán distintas en el Paquete Económico que en definitiva presentará al Congreso. Fue hasta agosto que se confirmaron las malas noticias en torno al crecimiento económico en el segundo trimestre, y fue en julio que los ingresos tributarios se descompusieron tanto. Por tanto, el monto estimado de los ingresos que se propondrá el domingo al Congreso, podría ser aún menor. Esto se traduciría en un recorte al gasto todavía más grande al anunciado, si no baja sus expectativas de un menor déficit fiscal.[1]

2. 

La promesa de no endeudarse –y de rescatar a Pemex con el presupuesto público– le está saliendo muy cara al ciudadano. La disciplina financiera luce flamante en un balance primario positivo –mayor al del año anterior–, a pesar de que los ingresos públicos son menores y el costo financiero sigue creciendo. Sin embargo, la disciplina fiscal no es sostenible en el contexto actual; se están poniendo en juego las metas fiscales y la calificación crediticia del Gobierno federal.

En abril pasado, Hacienda anunció que el Paquete Económico para 2020 iba a contener un nuevo recorte al gasto, para que cada vez usemos menos deuda. Esto está en línea con la promesa hecha por el presidente cuando estaba en campaña, pero no lo es, primeramente, con la realidad económica, que nos impone ingresos tributarios decrecientes. Tampoco lo es con las necesidades básicas de la población, pendientes de atención. Ni con Pemex, con ingresos decrecientes, y que requiere fuertes sumas de inversión que el gobierno no tiene –y aún así decidió suspender la llegada de la inversión privada a la empresa–. En efecto, Pemex enfrenta una situación financiera muy delicada, por su alto nivel de endeudamiento e ingresos y producción decrecientes.

A los ciudadanos ya les afecta esta situación, pues reciben menos servicios públicos. El gasto en salud engarza siete meses de subejercicios y sigue creciendo. De enero a julio, el subejercicio en la Secretaría de Salud, el IMSS e ISSSTE es casi de 48 mmdp (7%), en comparación con lo aprobado para el periodo de enero a julio.

La disciplina fiscal observada en 2019 –que ha mantenido el peso de la deuda pública en 44% del PIB–, en 2020 se cuenta con margen para no reducir el endeudamiento para atender servicios públicos básicos e inversión física distinta de Pemex. Mientras tanto el gobierno debe dejar fluir la inversión privada a Pemex, porque está afectando negativamente a las finanzas públicas

Como ven, hay que detonar una discusión fiscal para atender el problema de fondo, que ya es impostergable.

En este sentido, ¿debe AMLO seguir siendo un candidato o ser un jefe de Estado?

3.

El gasto destinado a los servicios de salud y educación, así como a la inversión física distinta de Pemex, tampoco son prioridad para este gobierno, y siguen cayendo. Un grave problema en el renglón del gasto es que los pagos obligatorios, como el costo del endeudamiento y las pensiones, crecen más que los ingresos del gobierno. Así, los gastos que deberían ser prioritarios han disminuido en comparación con tamaño de la economía. Irónicamente, la administración del bienestar ha acentuado este problema.

 

 

Como ya mencionamos, Hacienda propuso en abril pasado que para 2020 haya un nuevo recorte, de al menos 200 mil millones de pesos. El recorte parece severo, con todo y que se presupuestó en un escenario económico optimista que incluía un ligero aumento en la recaudación –crecimiento de 1.9% real y precio del petróleo en 55 dólares por barril, cuando los mercados ya lo estiman en 50–. La pregunta es qué se va recortar después de la astringencia observada este año, que ya ha afectado a varios rubros del gasto de operación. Tus sospechas son correctas: esto podría obligar al gobierno a recortar el próximo año parte del presupuesto destinado a sus programas sociales y a la propia inversión física (aún más).

Debemos estar muy pendientes de lo que se va a recortar, pues no pinta bien que en el presupuesto se blinde a Pemex a costa de la Seguridad Social de los mexicanos.

La hora de los recortes de verdad

No es austeridad lo que hemos observado; es que el monto presupuestado no se ha obtenido y eso ha detenido la ejecución del gasto. En este segundo semestre veremos qué se va a recortar, en definitiva.

La austeridad impecablemente ejecutada en los gastos de un gobierno es deseable, y puede tener efectos muy positivos para controlar el gasto superfluo hacia el mediano y el largo plazo, y evitar el famoso robo hormiga. También puede impulsar la confianza en la función pública. Pero no es un instrumento eficaz para conseguir fondos suficientes, especialmente en el corto plazo. Es simple: un efecto inmediato de recortar personal, por ejemplo, puede ser un aumento en el gasto, a causa del pago correspondiente de liquidaciones.

La realidad es que en México todavía la austeridad no nos alcanza para resolver los problemas torales de nuestras finanzas públicas. Lo podemos palpar en lo sucedido con los órganos autónomos (miren la siguiente gráfica), que han sido especialmente golpeados por la austeridad, pero ejercen apenas el 2% del presupuesto total –incluso su desaparición completa no ampliaría el margen que tiene el gobierno para financiar los programas sociales, inversión federal y demás políticas públicas–.

 

 

¿Qué debe hacer el gobierno?

  • Debe promover la inversión y el crecimiento económico, reconstruyendo la confianza con una narrativa congruente que ofrezca certidumbre institucional.
  • Debe implementar una estrategia para controlar la falta de liquidez en el corto plazo, sin reducir el déficit en 2020 y priorizando el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y su bienestar.
  • Debe dejar fluir la inversión privada hacia Pemex porque la inversión pública para ese fin ni es suficiente y se incurre en un costo de oportunidad muy alto, pues se sacrifica el financiamiento público a los servicios básicos para la población como el de la salud.
  • Debe mejorar la composición del gasto público, priorizar decididamente los gastos que garanticen los servicios básicos de salud, educación, seguridad social, así como la inversión en destinos que no sean Pemex, y que se incluyan en los siete sectores de la infraestructura[2].
  • Debe convocar a una amplia y nutrida discusión fiscal con amplia participación social, con miras a incrementar los ingresos públicos, reducir la informalidad económica, mejorar e incrementar el impacto del gasto público, fortalecer la rendición de cuentas y la anticorrupción del erario, y rediseñar en coordinación con los gobiernos locales el pacto de coordinación fiscal que ayude a todo lo anterior.

El Paquete Económico 2020 mostrará las prioridades de AMLO. Demostrará si en efecto es el Presidente del Bienestar o el eterno candidato. Si no se atiende el reclamo social por el bajo (y malo) gasto gubernamental en los servicios públicos, corremos el riesgo de entrar en un círculo vicioso de ingobernabilidad. Este problema alimenta la espiral de baja inversión, que afecta la cantidad disponible de recursos con los que el gobierno cuenta para subsanar servicios públicos.

Las promesas de campaña se enfrentan a la realidad económica y a la consecuencia de sus propias acciones. ¿Bondad o ego?


[1] Se considera balance fiscal a los ingresos menos los gastos presupuestarios. En México se utiliza de manera más común el término de balance presupuestario. La SHCP desde el PEF 2019 puso metas de ir reduciendo el déficit y cerrar la brecha de ingresos y gastos.

[2] Los siete sectores considerados son los relacionados con la infraestructura económica y son: abastecimiento, agua potable y alcantarillado, comunicaciones y transportes (puertos, carreteras, aeropuertos, ferroviario) y eléctrico.