La estrategia presidencial ha sido muy clara: concentrar y consolidar su poder. Su expectativa es que, al recrear el esquema de la presidencia fuerte de hace medio siglo, la economía automáticamente responderá. La realidad ha probado ser muy distinta: la inversión privada se ha contraído y la economía se ha desacelerado, con alta probabilidad de entrar en recesión. Para contrarrestar esta tendencia, el gobierno ha promovido mensajes por parte de empresarios cercanos, incitando la reactivación de la inversión. El objetivo es loable, pero inconsistente con el entorno en que ocurre.

El ingrediente nodal para lograr el crecimiento de la economía es la inversión privada. Así lo entiende el gobierno y por eso su activismo promocional; lo que estas iniciativas no reconocen, es que no hay inversión porque, al atemorizar al inversionista, impiden que ésta se materialice. El problema no radica en la lógica del empresario –obvia y absolutamente predecible– sino en el ímpetu gubernamental por hacerla imposible al aterrorizar a los potenciales inversionistas.

En el último año, el gobierno se ha dedicado a destruir todos los elementos que hacen posible y atractiva la inversión, comenzando por el que es central para el empresario: la certidumbre. La retahíla de atentados contra la certidumbre comenzó con la cancelación del nuevo aeropuerto de la ciudad de México y prosiguió con la andanada de persecuciones sin orden judicial, el anuncio cotidiano de nuevas investigaciones y la aprobación de la ley de extinción de dominio, que hace vulnerable a cualquier persona y la somete enteramente a la discrecionalidad burocrática y política de quien es el mandamás del momento. Es decir, el gobierno se ha dedicado a erradicar toda fuente de certidumbre y a atemorizar precisamente a aquellos de quienes depende que crezca la economía y se avance en la lucha contra la pobreza, dos de las promesas del presidente.

Por si esto fuera poco, no hay mañanera en la que no se ataque a una fuente de certidumbre: un día es la Comisión de Derechos Humanos, otro algún periodista, seguido de descalificaciones a algún empresario. O sea, hay una creación sistemática de miedo. En adición a lo anterior, el desmantelamiento, intimidación o debilitamiento de todas las instancias de contrapeso al poder Ejecutivo –desde los órganos llamados autónomos, cada uno relevante en su ámbito de competencia, hasta la Suprema Corte y el Banco de México– constituyen afrentas a la certidumbre.

Lo interesante es la lógica de la andanada, pues replica una era pasada, a la vez que contradice las afirmaciones que, desde hace más de una década, han caracterizado al hoy presidente. Mientras que AMLO prometió erradicar la corrupción y privilegiar la justicia, su actuar ha ido en sentido contrario: el lugar de construir una amplia y ambiciosa estrategia para eliminar las causas de la corrupción a través del fortalecimiento del sistema de justicia, el gobierno ha optado por reproducir la forma exitosa en que actuó el presidente Salinas. Nada malo en ello, excepto que tiene lugar en un contexto muy distinto, tanto por el proyecto presidencial como por la naturaleza de la economía mundial tres décadas después.

Salinas procuró la consolidación de su poder para emprender una transformación económica profunda. Independientemente del resultado, su actuar le abrió espacios para confrontar sindicatos, empresarios y líderes políticos y con ello ganar amplia credibilidad entre la población. El punto clave es que, detrás de la estrategia de consolidación del poder radicaba una estrategia de desarrollo económico compatible con el momento del mundo del momento. Nada de esto es cierto en el caso del gobierno de López Obrador.

En este contexto, es inconcebible que crezca la inversión privada, por más que se intenten ejercicios de promoción, invitaciones, presiones o renegociaciones escuálidas. En el mundo globalizado del siglo XXI la inversión no tiene domicilio: se mueve en un instante hacia donde hay oportunidades y, sobre todo, donde hay claridad de rumbo y certidumbre. Lo que atrae a la inversión es la creación de condiciones para que ésta florezca y pueda rendir frutos atractivos. La estrategia gubernamental ha ido en el sentido exactamente opuesto.

La historia, dijo Marx, se repite primero como una tragedia y después como una farsa. Más allá de la extraña ironía de copiar la estrategia que siguió Salinas, el enemigo más mencionado por AMLO, el embate emprendido por el gobierno actual tiene una lógica política impecable, pero choca contra la pared porque adolece de una estrategia de desarrollo que todo mundo –comenzando por los inversionistas– pueda entender.

Salinas actuaba en el contexto del viejo sistema político: impuso su marca con la detención de La Quina y otros personajes públicos, logrando con ello credibilidad como un presidente capaz y dispuesto a romper con la oposición a su proyecto. Treinta años después, el gobierno carece de un proyecto de construcción de un futuro novedoso y tiene lugar en un contexto político radicalmente distinto: ahora esa misma estrategia suena más a venganza, lo opuesto a la necesaria certidumbre porque genera temor. En un contexto así, no hay forma de atraer la inversión privada.