David Ramírez-de-Garay (@DavidRdeG) | El Sol de México

El pasado 18 de agosto en Miahuatlán, Oaxaca, el presidente habló sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. “Estamos ahora creando la Guardia Nacional para que nos ayuden los soldados y los marinos. La única cosa que estamos cuidando –y ellos están muy conscientes– es que se tienen que respetar los Derechos Humanos, pero como vienen del pueblo ellos saben lo importante que es no agredir al pueblo, no agredir a la gente. Por eso, un aplauso a las Fuerzas Armadas [sic].”

Entre todo el lugar común obradorista concentrado en 63 palabras hay nueve que llamaron mi atención: “No agredir al pueblo, no agredir a la gente”. Los ataques de las Fuerzas Armadas hacia el pueblo, hacia la gente, son justo la incógnita que Daniela Rea y Pablo Ferri quieren despejar en La Tropa (Aguilar, 2019), la obra que estrenó el Premio de periodismo Javier Valdez Cárdenas, instituido en memoria del combativo periodista sinaloense asesinado en 2017. Gracias a este trabajo, esas nueve palabras del titular del Ejecutivo toman otro sentido, un sentido preocupante.

Por más que lo hubiera deseado, La Tropa no es ficción. Por el contrario, es una historia construida a partir de horas de conversaciones con miembros del ‘pueblo armado’, en distintas partes del país, en diversos momentos y en diferentes niveles de la jerarquía militar. Todo para responder una sola pregunta: ¿por qué mata un soldado?

Los autores responden de varias formas, pero hay una que es especialmente relevante para la coyuntura y para la estrategia que el actual gobierno está llevando a cabo. Hacia el final de su crónica, se describe la transformación de la tortura en rutina de trabajo. A partir del testimonio de Armando –cabo que patrulló la frontera en Tamaulipas–, Rea y Ferri nos dicen que “en México la aplicación de la tortura es un correctivo inmediato que suplanta la más rápida y menos probable aplicación de una pena legal”. Convertir la tortura en rutina es abominable, pero que ésta se alimente de la impunidad que vive el país es revelador.

Lo que esta dura deducción me indica es que López Obrador está en lo correcto: el Ejército es pueblo, pueblo que identifica la enorme loza que representa la impunidad en el país y que, ante la falta de opciones, recurre a otros caminos para darle la vuelta a la impunidad. En este caso, es un camino que lleva directamente a la violación de los Derechos Humanos como forma de administrar justicia.

La militarización de la seguridad pública ha generado muchos problemas que están ampliamente documentados en el país y en la región. Sin embargo, esta forma en que la impunidad institucionalizada está incentivando la violación de Derechos Humanos como ruta hacia una oscura idea de justicia es un efecto poco estudiado en el contexto mexicano.

Más allá del interés académico, lo importante es que estamos ante un panorama donde el Gobierno federal seguirá insistiendo en destinar capital político y financiero en cultivar un cuerpo militarizado, mientras que hay muy poco espacio en el discurso y en los recursos públicos para atender los cimientos de la impunidad. Una barrera que el pueblo –uniformado o no– intentará sortear de diversas maneras. Algunas de ellas muy preocupantes.