Edna Jaime @EdnaJaime | El Financiero

Esta semana México Evalúa presentó, por sexto año consecutivo, Hallazgos, el estudio que evalúa el proceso de cambio que se opera desde hace 11 años en nuestro sistema de justicia. Ese lapso puede parecer una eternidad, pero la construcción de capacidades de Estado es un conjunto de procesos lentos que requieren de ciertas condiciones para su maduración. En estos 11 años los marcadores de desempeño en el agregado no se mueven mucho. No hemos cruzado los umbrales que imaginamos en 2008, cuando con entusiasmo pensamos que podíamos erigir un sistema con instituciones robustas, capaces de hacer justicia y abatir la impunidad en el lapso previsto para la implementación.

La verdad, esta reforma no tiene parangón. Quisimos, en una sola ronda, cambiar policías, ministerios públicos, defensores, asesores de víctimas, juzgadores y prisiones. En 32 entidades del país y la Federación, todo simultáneamente. Y con hándicap de origen: esta reforma realmente no ha contado con el compromiso de los presidentes en funciones en estos 11 años. Fuera del presidente Zedillo, que sí tuvo una agenda de reforma judicial y fortalecimiento del Estado de derecho que interrumpió  la crisis económica, no recuerdo otro momento anterior o posterior en que la justicia haya cobrado el rango de importancia que ameritara invertir en ella liderazgo y capital político.

Lo que reporta el estudio de Hallazgos 2018 en sus indicadores agregados no es alentador. De los casos que conoce la autoridad, que son alrededor de dos millones (de un total de 30 millones), apenas 80 mil se vinculan a proceso (lo que no quiere decir que se resuelvan). Las tasas de impunidad están por arriba del 90 por ciento. Permítanme el exabrupto: si cerráramos las procuradurías y fiscalías del país quizá no sentiríamos la diferencia.

Estoy convencida de que en el sector de la justicia penal encontramos uno de los mayores rezagos de todo el aparato del Estado mexicano. Sigue siendo su zona más oscura. Un espacio de incivilidad. Se dice que el país ha tenido varias alternancias, pero la justicia en muchos aspectos sigue anclada en el pasado.

El mérito de una metodología de evaluación y seguimiento, como la planteada en Hallazgos, es que permite identificar avances, retrocesos y desafíos. Quizá lo más positivo que se puede encontrar en sus distintas ediciones es que sí hay movimiento, entidades que avanzan. Esto es una buena noticia porque significa que no estamos condenados necesariamente al fracaso. Y a los creyentes de una transformación de esta naturaleza, nos da argumentos para plantear que el nuevo modelo tiene futuro.

No hay accidentes ni espontaneidad en los resultados. Detrás de cada buena calificación hay dedicación. Políticas públicas acertadas. Y es grato encontrar a autoridades con visión. Son los que asumen que no hay mejor legado para este país que fortalecer capacidades de Estado para hacer justicia.

En una siguiente colaboración me gustaría abrir espacio para compartir los aspectos positivos que contiene este informe. Lo brotes de profesionalización y buena institucionalidad que en él se identifican. Reza el dicho que una gaviota no hace verano. Y es cierto, pero hay más de una volando en el espacio de este estudio.

Para el nuevo modelo de justicia lo que viene es determinante. La acelerada agenda legislativa de los últimos meses y las transformaciones al interior de las instituciones, sobre todo las transiciones de procuradurías a fiscalías “autónomas”, pueden representar la oportunidad para la consolidación o la contrarreforma. No encuentro ningún signo halagüeño más que el compromiso de algunos funcionarios, de operadores, legisladores, juzgadores y sociedad civil con este proyecto. Una coalición que no es irrelevante, ciertamente. Al mero-mero parece que este asunto no le toca en sus fibras más íntimas. Lo demás son señales preocupantes. El foco rojo es el nuevo catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Lo mismo que ley aprobada por una de las cámaras legislativas en materia de extinción de dominio. Éstas le han dado un golpe al eje de flotación al nuevo modelo de justicia, la presunción de inocencia.

En medio de todo esto me pregunto: ¿cuál es el Plan B para los detractores de la reforma? ¿Qué justicia se imaginan?

Sí, quizá pudimos haber enfrentado el desafío de este nuevo modelo de justicia de otra manera. Algo más asequible, más gradual. Un modelo de implementación que hubiera considerado de entrada la complejidad. Pero de que ésta es la ruta para hacernos mejores, de eso no tengo la menor duda.

Por eso seguirá habiendo más ediciones de Hallazgos, más trabajo con autoridades y más resistencia a resignarnos a la incivilidad en la justicia penal. Porque a pesar de todo seguimos creyendo en esta justicia.