Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma

El electorado mexicano le quitó la máscara a la narrativa dominante y al establishment y eligió al candidato que prometía cambiar los vectores de la política y la economía del país. Desde la elección, pero particularmente desde el 1 de septiembre en que el Congreso entró en funciones, los contingentes morenistas y sus aliados se han comportado más como una fuerza de choque que quiere alterar el orden establecido sin que medien procedimientos formales o negociaciones, que como un grupo parlamentario institucional. La lógica detrás de este modo de proceder responde a la concepción de que llegaron al poder independientemente de las elecciones: en lugar de haber ganado, se les reconoció su triunfo. Es decir, hay un enorme ánimo revanchista, un encono soterrado en muchos de los actores clave de la coalición de Morena. La gran pregunta para el futuro es si López Obrador secundará esta concepción o si asumirá la presidencia como un estadista responsable ante la totalidad del electorado.

El contraste entre los dos escenarios es evidentemente radical. En el primer caso estaríamos hablando de un gobierno que viene no sólo a gobernar a su modo, sino a cambiar el orden establecido y las instituciones que lo sostienen de una manera integral y drástica, incluso violenta. Es decir, la vieja idea revolucionaria que procura el fin de un régimen y el comienzo de otro sin que medie un proceso institucional. De manera alternativa, López Obrador podría apegarse a todos los reglamentos institucionales para dar cabida a su agenda de cambio sumando al resto de la población, como ocurrió en la España post-Franco. Un camino así tiene la virtud de hacer más permanentes los cambios a los que se llegue.

España ilustra el contraste entre estos dos modos de proceder. Al momento en que muere Francisco Franco, el pueblo español quería un nuevo régimen. Para los políticos, la interrogante era cómo dar ese paso: una posibilidad era romper con el régimen franquista, entrando en un entorno de absoluta incertidumbre; la alternativa era aceptar el régimen institucional vigente, así fuese detestado por la mayoría de las fuerzas y partidos políticos, mientras se construía un nuevo andamiaje legal e institucional. En este sentido, los pactos de La Moncloa no acordaron “el qué” sino “el cómo”. El tema en la agenda en aquel momento era relativo a precios y salarios, asuntos cruciales, pero de menor trascendencia política. La trascendencia de aquella reunión en particular tuvo que ver precisamente con lo que en México no hemos logrado: acuerdos de procedimiento.

De manera similar, López Obrador tiene que definir si va por el camino institucional como hizo Adolfo Suárez, lo que lo elevó al nivel de un estadista trascendental, o por el camino de la imposición radical, clásica de un proyecto radical o revolucionario.

No me cabe duda de que López Obrador muy pronto se encontrará con que muchos de sus planteamientos son inviables o extraordinariamente destructivos y, por lo tanto, contraproducentes respecto a su propia visión para el futuro del país. Su decisión respecto al aeropuerto de la ciudad de México sirve de ventana para observar los potenciales costos de realizar acciones que tienen más ángulos relevantes de los que podría parecer a primera vista. En este caso, el aeropuerto tiene no sólo unos cuantos contratistas de por medio –para los cuales López Obrador aseguró que habría compensación– sino miles de tenedores de bonos en los mercados financieros internacionales, proveedores nacionales y extranjeros y toda clase de actores clave para el proyecto. Al cerrar la puerta, López Obrador envió la señal de que nunca se apegará a las reglas existentes y que, por lo tanto, ninguna inversión goza de certidumbre. El costo inmediato se pudo ver en acciones por parte de las calificadoras de crédito y el tipo de cambio, pero el costo potencialmente incontenible vendrá después: cuando los inversionistas potenciales incorporen en su proceso de decisión sobre si invertir un cálculo respecto al riesgo de perder su inversión por la forma de proceder del gobierno. En contraste con contratistas y constructores, los empresarios e inversionistas tienen, por necesidad, que ver un horizonte de más largo plazo.

El punto de todo esto es que López Obrador tiene una decisión fundamental que tomar respecto a la forma en que actuará como presidente: será un activista social o un estadista. Si es lo primero, la decisión sobre el aeropuerto ya marca una pauta; si es lo segundo, todavía es tiempo de establecer un nuevo patrón de comportamiento, como ha ocurrido en instancias como la de la CONAGO. Me parece claro que, para él, un cambio en este sentido sería sumamente difícil por su profunda y arraigada convicción de que todo lo realizado a partir de los años 80 fue errado, y porque es un factor importante para las bases que lo han apoyado frente a viento y marea, las cuales por eso frecuentemente corean que “es un honor estar con López Obrador”. También me queda claro que le es mucho más importante lograr sus objetivos que apegarse a dogmas contraproducentes.

Fragmento del libro Fuera Máscaras: el fin del mundo de fantasía, que se puede descargar aquí