Michoacán es uno de los estados que, a pesar de diversas estrategias y el apoyo del Gobierno federal, no ha logrado revertir la crisis de violencia que afecta a sus habitantes. Como ejemplo de ello, el pasado 27 de mayo pobladores del municipio de La Huacana, Michoacán, desarmaron y retuvieron a militares después de que dos habitantes de esa comunidad resultaran lesionados en un operativo militar. El día anterior, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación atacaron a la policía municipal de Zamora; mataron a cuatro elementos y lesionaron a ocho más.

Estos acontecimientos son un reflejo de la persistente debilidad de las instituciones de seguridad del estado para hacer frente a la inseguridad. Veamos su evolución reciente y el contexto.

Un panorama delictivo complejo

Desde que inició su mandato la actual administración de la entidad, se han verificado tres importantes incrementos en el número de homicidios: el primero en julio de 2016; el segundo en diciembre de 2017 y el tercero en septiembre y octubre de 2018.

En cada una de estos picos de violencia, Michoacán rebasó la tasa mensual de tres homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa nacional se ubica ligeramente por debajo de 2.5. Haciendo el ejercicio de analizar los datos para Michoacán, estimamos que la tasa de homicidio para 2019 será cercana a 33.3 por 100 mil habitantes, mientras que en 2018 fue de 35.1 (una disminución de 5.1%).

Al contabilizar todos los casos de homicidios dolosos ocurridos durante el transcurso de la actual administración, desde octubre de 2015 hasta mayo de 2019, alcanzamos los 5 mil 565. Este número equivale a 127 asesinados cada mes.

De todos los homicidios que ocurren en el país año con año, el porcentaje de los que ocurren con armas de fuego es cada vez más alto: roza el 70%. Esta alarma nacional (ver La prisión preventiva oficiosa: insuficiente para el control de armas de fuego) adquiere tintes de emergencia en Michoacán, donde el 80.2% de los homicidios dolosos suceden con esta clase de armas.

Entre los delitos de alto impacto, aquéllos que suelen dejar una profunda cicatriz en las vidas de los ciudadanos son los delitos de secuestro y extorsión. De acuerdo con el  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hubo tan sólo tres víctimas de delito de extorsión en 2018, lo que corresponde a una tasa de extorsión por 100 mil habitantes de 0.06 –la tasa nacional fue de 5.29–. Si miramos las cifras de secuestro, la estadística oficial revela una tasa de 1.01 por 100 mil –la nacional es de 1.05–.

Desafortunadamente, las estadísticas oficiales del SESNSP para estos dos delitos no son de fiar. El motivo es que tanto la extorsión como los secuestros tienen una alta cifra negra. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, la cifra negra para el delito de extorsión fue de 98.3%, mientras que la de secuestro obtiene un porcentaje similar. Esto quiere decir que esas tres víctimas de extorsión bien podrían convertirse en 176 –o una tasa de 3.79 por 100 mil–.

Particularmente, este delito afecta a una de las más importantes actividades económicas del estado: la agricultura. El 12.1% de la población se dedica a cultivar principalmente fresas, aguacate, limón y zarzamora, que se exportan a diferentes países. Recordemos que Hipólito Mora, considerado como fundador de las autodefensas, es un productor de aguacate.

La ruta de las drogas pasa por Michoacán

Además de los delitos antes mencionados, el tráfico de drogas es una de las principales actividades ilícitas de la región. Por su ubicación geográfica, Michoacán es un punto muy importante en la ruta de tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos. Además, históricamente también se ha caracterizado por una producción notable de metanfetaminas, amapola y mariguana.

Según los datos de erradicación[1] proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Michoacán es el segundo estado con mayor número de hectáreas de mariguana destruidas, sólo después de Sinaloa.

Aunque hay una gran variedad de rutas para su traslado, el transporte de mariguana se hace principalmente por vía terrestre. La mariguana sembrada en Tierra Caliente, Guerrero, pasa por los municipios michoacanos de Lázaro Cárdenas y Arteaga; sigue por Aquila para cruzar Jalisco, Sinaloa y finalmente llegar a Sonora. Otra ruta común implica que los cultivos provenientes de la sierra de Coalcomán lleguen a Apatzingán (tomando el camino por Aguililla o el de Tepalcatepec, Buenavista), y por vía terrestre arriben a Guadalajara, y de ahí hasta alcanzar su destino final: la frontera norte.

También la costa del Pacífico, en específico el puerto de Lázaro Cárdenas, juega un papel importante en el traslado de precursores químicos para la producción de metanfetaminas. Estos insumos proceden de China, India y Holanda. Una vez fabricadas las metanfetaminas en los laboratorios ubicados en Michoacán, Jalisco y Sonora, se trasladan finalmente a California, Estados Unidos.[2]

Presupuesto de seguridad sin resultados

Aunque en los últimos dos sexenios se han desplegado diversos operativos especiales para combatir a la delincuencia organizada, y los subsidios en algunos municipios del estado han aumentado, los resultados aún no se han materializado.

Cada año la federación reparte entre los estados el subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) a los municipios. El propósito es apoyar con mayor presupuesto a las policías municipales en aspectos como los controles de confianza, capacitaciones, mejora de condiciones laborales, equipamiento, etcétera.[3]

El subsidio aprobado para los municipios de Michoacán en 2019 es de 127 millones 248 mil 535 pesos, lo cual equivale a 3.24% del total del subsidio nacional. Pero no todos los municipios se han beneficiado de él por igual. En la siguiente tabla, una muestra.

Entre los municipios beneficiarios del subsidio Fortaseg, hay seis que los han recibido desde 2008 cuando aún se llamaba Subsemun.

Una historia de operativos fallidos

En Michoacán el Gobierno federal ha desplegado operativos conjuntos entre policías y militares desde inicios del gobierno de Felipe Calderón. En 2006 se lanzó el Operativo Conjunto Michoacán, con más de cinco mil efectivos encargados de erradicar plantíos ilícitos, establecer puestos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos secundarios, ejecutar cateos y de órdenes de aprehensión, así como ubicar y desmantelar puntos de venta de drogas[4] .

Sin duda, el hecho de violencia más grave en esa primera época ocurrió el 16 de septiembre de 2008 en Morelia. En el choque resultaron 132 personas heridas y siete personas perdieron la vida esa noche. Al día siguiente, el Gobierno federal desplegó de nuevo un contingente de militares en la capital y en Tierra Caliente.

Después, en febrero de 2014, el Gobierno impulsó el Plan Michoacán (“juntos lo vamos a lograr”, era su lema), que buscaba prevenir la violencia con acciones sociales que permitieran lograr la cohesión comunitaria y la reconstrucción del tejido social en los municipios de Morelia, Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas. Este programa, basado en cinco ejes (educación, empleo, salud, seguridad y construcción de infraestructuras) fue anunciado junto con una inversión pública de más de 45 mil millones de pesos. Ante el fracaso del gobierno para detener y desarticular al cártel de Los Caballeros Templarios, en 2015 se dio por terminado el Plan Michoacán, perpetuando la debilidad institucional y la desconfianza por parte de la población en sus autoridades[5] .

Después más de 15 años de estrategias de seguridad fallidas en Michoacán, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana acaba de anunciar que a partir de julio de 2019 se desplegarán 4 mil 50 elementos de la Guardia Nacional en la entidad. ¿De verdad creemos que serán suficientes para apagar el incendio que desde hace varios años consume al estado?

COLOFÓN

Michoacán ha estado en la mira de las últimas dos administraciones, con estrategias que no han logrado dar resultados. La entidad requiere articular acciones que atiendan las diversas dinámicas criminales e ilegales. En algunas zonas el Estado necesita retomar el control territorial, pero en otras regiones es indispensable dedicar recursos para fortalecer y replantear el trabajo policial local. Todo esto tiene que estar acompañado de acciones para fortalecer las capacidades institucionales de la entidad, que ayuden a reducir la impunidad en el sistema de justicia. Enviar a la Guardia Nacional no servirá de mucho si no se atienden las diversas aristas de la entidad. Si apostamos únicamente por la militarización del estado y por repetir las estrategias fallidas, el Gobierno federal y el estatal seguirán teniendo una gran deuda con los michoacanos.

 

Descarga la infografía completa

__________

 

[1] Plantíos ilícitos destruidos y superficie erradicada en el combate a los delitos contra la salud por entidad federativa. Serie anual de 1995 a 2016.

[2] SEIDO (2012); Memoria documental 2006-2012, PGR. México: PGR.

[3] Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Publicado el 09 de mayo de 2019. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa-de-fortalecimiento-para-la-seguridad-fortaseg

[4]  Presidencia de la República (2016). Anuncio sobre la Operación Conjunta Michoacán

[5] Romain Le Cour (2015). El rompecabezas michoacano: la institucionalización sin la gobernabilidad. Blog de México Evalúa en Animal Político.