María Fernanda Ballesteros | Animal Político

En la más reciente sesión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, celebrada hace un par de semanas, además de aprobarse la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, se pidió dejar sin efectos los acuerdos por los que se autorizaba la migración de asignaciones a contratos en asociación con entes privados. De esta forma, Pemex determinó que no llevaría a cabo estas asociaciones con privados para exploración y producción, mejor conocidas como farmouts. Las alianzas con privados serán únicamente para la contratación de servicios, como se venía haciendo desde los tiempos previos a su constitución como Empresa Productiva del Estado (EPE). Con esto se suma un elemento más que nos dirige hacia un esquema cerrado en el sector energético y en la actuación de Pemex como monopolio, lo que pone en entredicho cómo debe ser el gobierno al interior de esta empresa productiva.

Es importante recordar que la constitución de Pemex como EPE se ejecutó bajo el argumento de que competiría con empresas privadas. Necesitaba, pues, de una flexibilidad administrativa superior a la de cualquier otro ente de gobierno. Ese régimen especial le permite a Pemex determinar sus propias normas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, y en lo que concierne a sus presupuestos, deuda pública, responsabilidades administrativas, remuneraciones y contrataciones. No sólo eso, sino que también se le otorga la capacidad de crear sus propios mecanismos de control. Como consecuencia, a la Secretaría de la Función Pública se le deja únicamente la facultad, a través de una unidad de responsabilidades, de sancionar responsabilidades de servidores públicos. Por ello, Pemex (y también CFE) es la única instancia del Gobierno Federal que no tiene un Órgano Interno de Control como tal.

Durante la implementación de la Reforma Energética en el sexenio pasado no se crearon las condiciones para el desarrollo de una política de integridad y anticorrupción fuerte, ni de un régimen de controles al interior que fuera efectivo para los retos que presentaba la empresa. El seguimiento puntual de estos aspectos tampoco fue prioridad para los principales órganos de gobierno. Ésta es una de las conclusiones que arroja el Índice de Transparencia Corporativa para Empresas Productivas del Estado (IT-EPE), un análisis que publicamos en México Evalúa en febrero pasado. La evaluación nos permitió descubrir que Pemex, desde su transformación como Empresa Productiva del Estado, no utiliza la transparencia como una herramienta para prevenir actos de corrupción, a pesar de que Transparencia Internacional ha mencionado que es una de las 10 herramientas más efectivas para este objetivo.

Además, pudimos constatar que no existe un seguimiento a la efectividad de sus políticas de ética e integridad, ni de su política anticorrupción. Como lo señalamos en el reporte del IT-EPE, Pemex cuenta con muchos documentos y muchas reglas en materia de integridad y anticorrupción; sin embargo, no encontramos indicadores, metas ni ningún tipo de seguimiento a estas políticas para conocer si los mecanismos están siendo implementados adecuadamente, si han dado pie a resultados positivos o si, al contrario, habría que hacer modificaciones para tener mecanismos efectivos.

Las consecuencias de no haber puesto en el centro de la transformación de Pemex la generación de una política de integridad y lucha contra la corrupción las vemos asomarse, sobre todo, en las últimas semanas, con escándalos de corrupción al más alto nivel directivo, y ya desde antes con casos como el de la Estafa Maestra, el robo de combustible, compras públicas a empresas fantasma, etcétera.

En Brasil, por ejemplo, a raíz de los problemas de corrupción en los que se vio envuelta su petrolera estatal, se reformó el esquema de gobierno corporativo de las empresas estatales. La mayoría de las reformas se centraban precisamente en la incorporación de elementos para combatir y prevenir la corrupción al interior. Se obligó a que existiera un Jefe de Riesgo (Chief Risk Officer), un departamento de cumplimiento distinto al de control interno, un mecanismo de quejas manejado por una entidad externa, mecanismos de prevención y de resolución de conflictos de interés, entre otras instancias.

Hoy el Gobierno federal busca fortalecer a Pemex con un incremento de recursos públicos, sin más. No obstante, se tendría que revisar cómo mejorar el gobierno al interior de Pemex para asegurar un buen manejo de estos recursos, y una mejor supervisión del desempeño de la empresa que prevenga prácticas de corrupción. Además, se debe considerar que aislar a Pemex de la presión competitiva puede traer como consecuencia la pérdida de eficiencia y la eliminación de ciertos controles de mercado para esta causa. Además de los farmouts, con la decisión de suspender las rondas para proyectos de exploración y producción, junto con el incremento de las adjudicaciones de sus contrataciones públicas, el ejercicio de controles en los precios para la gasolina y el incremento de las transferencias públicas, se cierra la posibilidad de competir, pero se sigue manteniendo el esquema de controles creado para un ambiente de competencia.

El camino hacia un Pemex que vuelva a ser el monopolio estatal parece que avanza con paso firme, pero ¿el de un Pemex sin corrupción? Ante los cambios en el actuar de la EPE, habría que cuestionarse si es adecuado el esquema de flexibilidad de sus controles y el régimen especial que se hizo pensando en un esquema de mercado abierto, o cómo es que se pueden fortalecer los mecanismos que procuren una cultura de integridad y prevención de corrupción. No dedicar esfuerzos para este objetivo acabará por afectar por partida doble a los mexicanos, apostándole dinero bueno al mal ‘caballo’.