Mariana Campos y Liliana Ruiz | Animal Político

Hace algunas semanas se anunció la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Sí, el mismísimo Indepuro, por sus siglas.

De acuerdo con el presidente, este instituto será una especie de campeón en la lucha contra la corrupción y la pobreza. Su lógica: con la eliminación de la primera, se combatirá la segunda –dos pájaros de un tiro, tal cual–. Todos los ingresos que se obtengan por bienes decomisados al narcotráfico y recuperados tras actos de corrupción, se destinarán a los municipios con mayor pobreza del país.

Es verdad que los bienes decomisados no deben perderse en el camino; debe existir transparencia y rendición de cuentas sobre su destino. Sin embargo, la creación del Indepuro se empalma con instituciones ya existentes. Por una parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que vigila el uso de los recursos públicos federales en las dependencias, los estados y los municipios, entre otros. Precisamente, la ASF tiene como propósitos detectar malos manejos en los recursos públicos; recuperar el dinero desviado o desaparecido; y hacer recomendaciones para prevenir actos de corrupción en el futuro. Por otra parte, el objetivo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) es dar destino a los bienes y empresas improductivas del Estado –aunque, claro, puede hacerlo mejor, como le pasa a muchas de nuestras instituciones–.

Como vemos, el problema en nuestro país no es la falta de instituciones. Lo que necesitamos, más bien, es implementar políticas y prácticas anticorrupción como parte de una estrategia integral, capaz de abarcar el fortalecimiento tanto de los mecanismos de prevención como los de sanción de actos de corrupción. La estrategia debería empezar por blindar las áreas obvias de alto riesgo de corrupción: la contratación pública y la entrega de subsidios y apoyos. Sin estas urgentes mejoras a los procesos de gasto público, ni el más puro de los santos podrá contener la corrupción.

Sin embargo, creemos que la presente administración no está aplicando los esfuerzos adecuados. En el sexenio anterior en México Evalúa denunciamos el mal uso de algunos programas del Ramo 23 como Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que el gobierno de Peña Nieto usó para entregar de manera discrecional subsidios a gobiernos locales[1]. Tal programa operaba sin reglas de operación (ROP): no había ninguna norma que estableciera qué recursos se entregaban, ni por qué, a quién y cuándo se entregaban. Mucho menos existían indicadores para medir sus resultados. Inmerso en un contexto tan discrecional no sorprende que gastara sustancialmente más recursos de los que tenía aprobados, con asignaciones arbitrarias y de corte político, a la merced de los vientos electorales.

Un año después de la publicación de nuestro estudio, la ASF señaló que, en efecto, operar programas de subsidios sin ROP dañó fuertemente al erario. ¡Bien! Eso que se veía como pato, caminaba como pato y graznaba como pato, sí era un pato. La ASF señaló que Fortafin fue el fondo que se llevó las mayores observaciones dentro del gasto para estados y municipios[2], a causa de irregularidades y malos manejos. La ASF revisó 68% de lo gastado a través de Fortafin en 2017 y encontró un presunto daño por un monto de 7.3 mil millones de pesos. Es decir, de cada peso gastado en Fortafin, 13 centavos presentaron “irregularidades” que pueden significar un daño al erario. Este mal gasto se repartió en varios estados. Los que acumularon más observaciones fueron: Michoacán, Edomex, Puebla y Coahuila.

El segundo lugar, por las observaciones o posibles irregularidades detectadas en 2017, se lo llevó el FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud). Estos dos fondos federales, Fortafin y FASSA, acumularon el 40% del monto total observado del gasto que se transfiere a estados y municipios.

Menos ‘indepuros’, más blindajes

Si verdaderamente se quiere recuperar el dinero robado y devolverlo al pueblo, hay que tener una estrategia coordinada en varios frentes. Es necesario ver el escenario completo. Sí, la nueva administración le cerró la llave de recursos al tan discrecional Fortafin. Eso se aplaude, pero la realidad es que ya le abrieron la llave a otros.[3]

¿Veremos más de lo mismo?

Dar subsidios sin diagnóstico, sin una estrategia de operación impecable, sin establecer metas y objetivos y sin medir sus resultados e impactos, no va a disminuir la pobreza. Serán paliativos en el mejor de los casos, pero no estrategias reflexionadas y coordinadas a largo plazo. No olvidemos: si un programa no se diseña bien, se pueden generan los incentivos incorrectos y malgastar recursos.

Fortafin es sólo una parte, pero el gasto en el ámbito local tiene muchas tareas pendientes. Una de ellas es generar incentivos para que los estados y municipios desarrollan sus capacidades institucionales. En este sentido, la Ley de Coordinación Fiscal podría ser un instrumento clave, útil para incentivar buenas prácticas a nivel local, como el fortalecimiento de las auditorías estatales, pues no hay razón para que no sean ellas quienes vigilen el gasto a nivel local, una tarea hoy excesiva para ASF. Se requiere mejorar los marcos legales estatales, para que existan mejores criterios de selección del auditor en ese nivel de gobierno –debe ser una persona ética y comprometida con su labor, con total independencia y que no le deba el cargo al gobernador ni a ningún partido–. Hay que asegurar que sus auditorías den luz sobre dónde se están desviando o robando los recursos en los estados y municipios, y trabajar para hacer efectivo el proceso de recuperación del dinero público desaparecido. Éste sí que sería un compromiso fundado contra la corrupción, y una señal de que en va en serio la prevención de futuros desvíos.

Si el gobierno no quiere tropezar con la misma piedra, debe mejorar las prácticas de diseño, operación y entrega de los subsidios. Lo que necesita no es un Indepuro, sino blindar la entrega de recursos con alto riesgo de corrupción.

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[1] Se puede consultar en https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2018/03/2018_02_27_Caja_Negra2.0_Documento.pdf

[2] El gobierno federal envía dinero a los estados y municipios. A este gasto se le llama gasto federalizado. De este gasto, aquel que esta etiquetado para utilizarse en un fin específico se llama gasto federalizado programable. Fortafin fue el fondo, que dentro del gasto federalizado programable, tuvo más observaciones de la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2017.

[3] Puede consultar aquí más del tema https://www.arenapublica.com/blog-mariana-campos/con-subsidios-sin-reglas-de-operacion-no-haremos-historia