María Novoa | El Sol de México

Señor Fiscal General, estuvimos atentos al informe que presentó hace unos días con motivo de los 100 días de su gestión. Celebramos su voluntad y compromiso por transformar la institución que recibió. Sin duda, es una labor titánica avanzar en la transformación institucional y, de manera simultánea, dar resultados visibles que tengan sentido para quienes demandan que la justicia deje de ser un mero ornamento discursivo.

En un diálogo abierto y en confianza, vemos con relativa esperanza y, a la vez, con desconcierto, algunos puntos expuestos en ese informe. En primer lugar, nos llama la atención el rezago institucional heredado por su gestión en el tratamiento de las investigaciones. Nos referimos a la información proporcionada por la entonces PGR para el periodo enero-octubre de 2018, que identificaba un total de 37,591 carpetas de investigación pendientes, cifra que empleamos en el reporte de PGR a FGR: Lineamientos para la Transición para estimar el tiempo promedio esperado para su atención.

De manera estadísticamente consistente con dichas cifras, hace unos días, mediante solicitud de información con folio 0001700100819, la propia FGR nos actualizó la información con corte a diciembre 2018. En ella se observa que la institución dio trámite a 242,853 casos[1], pero reportó como pendientes un total de 71,500 casos, 56,051 carpetas de investigación y 15,449 averiguaciones previas. Sin embargo, en su informe de los 100 días se indicó una cifra total de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver, cantidad que representa cuatro veces lo reportado en los registros institucionales proporcionados. Usted comprenderá que, dadas estas disparidades, nos interesa mucho conocer su fuente y metodología.

Aunado a lo anterior, de la revisión del Plan de Persecución Penal Provisional (PPP), presentado, se desprenden algunas inquietudes. Observamos que se propone un esquema de priorización sobre el ejercicio de la acción penal, atendiendo lo previsto también en la propia Ley Orgánica. No obstante, no resulta suficientemente clara la forma en que esa priorización se traducirá en una toma de decisiones y asignación de recursos para su atención. Por ejemplo, se indica que para los delitos relacionados con corrupción –tales como abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias– se conformarán equipos especializados de trabajo y se generarán programas de capacitación sobre análisis de mercados criminales.

Sin embargo, sería deseable conocer cuáles serán los criterios objetivos por los que se considerará prioritario un caso de este tipo, como podrían ser el impacto social y económico, la extensión de la red criminal, la sofisticación del delito u otros. De esta manera se lograría identificar el tipo de canalización o tratamiento del caso y distinguir el abatimiento del rezago global respecto del desempeño de la Fiscalía, en términos de la capacidad de resolución de casos emblemáticos.

Además del abatimiento del rezago y la planificación de la acción penal, nos preocupa el nivel de impunidad que se observaba hasta la gestión pasada. Como se presentó en el informe de los 100 días, el promedio de eficiencia terminal en sentencias definitivas no alcanzaba ni el 5%. Esto lo observamos en nuestro Índice de Impunidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio para el ámbito federal[2], en el que identificamos un porcentaje global de efectividad de 38.8%, considerando tanto los casos con sentencia definitiva como aquéllos resueltos por salidas alternas o anticipadas. Por lo anterior, confiamos que el establecimiento de un modelo de priorización contribuirá a la optimización de los recursos, la atención eficiente de casos de baja complejidad y el fortalecimiento de la capacidad institucional para resolver casos de alto impacto.

Señor Fiscal General, estamos conscientes que tanto el PPP como el informe de los 100 días representan instrumentos provisionales. Sin embargo, para que éstos se conviertan en verdaderas herramientas de planeación, deben basarse en información clara y precisa. Desde la sociedad civil estamos interesados en participar activamente de la agenda de transición; nos convoca la transformación real del sistema de justicia, dado que ésta, junto con la mejora en las condiciones de seguridad pública, constituyen exigencias impostergables y prioritarias para toda la sociedad.

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[1] Conformados por 166,400 carpetas de investigación y 76,453 averiguaciones previas.

[2] Índice de Impunidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Hallazgos 2017: Evaluación del sistema de justicia penal. México Evalúa. 2018.