Mariana Campos y Alejandro García | Animal Político

El Gobierno ha gastado y gasta poco en Salud, no sólo porque el presupuesto es bajo en relación con tamaño de la economía, sino también porque gasta menos de lo que el Congreso le autoriza gastar. Esta realidad contrasta con lo que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en materia de Salud. Allí le promete algo muy, muy ambicioso a todos lo mexicanos: dice que va a garantizar que en 2024 todas y todos los habitantes de México reciban atención médica y hospitalaria gratuita. Esto incluye el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos, con independencia de la afiliación al IMSS o al ISSSTE. Sin duda es un fin más que deseable, y en México Evalúa lo suscribimos. No obstante, requiere de un aumento de gasto público considerable, y no se ve de dónde van a salir los recursos para conseguirlo en este mismo sexenio. Pero, sobre todo, exige un esfuerzo extra por parte del gobierno –en términos de voluntad política–, que francamente tampoco se aprecia en los hechos.

Los signos vitales empeoran

La salud en México no es es una prioridad en el presupuesto público. Aunque los desafíos derivados de que este crudo hecho no son nuevos, sí se han agravado en los últimos años. Después de haberse incrementado notoriamente este gasto en proporción al PIB entre 2009 y 2010 –pasó de 2.1 a 2.7% del PIB–, ha vuelto a caer a partir de 2012, y cada vez representa una proporción menor de la economía. En 2019 representará 2.4% del PIB[1]. Su máxima proporción en relación al PIB se alcanzó en 2012 cuándo llegó a 2.8%. Cabe destacar que el gasto público en Salud en términos absolutos[2] se ha mantenido prácticamente constante, pero no ha podido expandirse al ritmo que lo hace la economía –que, por cierto, crece moderadamente–.

Así, no sorprende que el gasto público en Salud de México se encuentre rezagado respecto a los países desarrollados y también frente a pares de América Latina. México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el que su gobierno gasta menos en Salud, en proporción al PIB y por habitante. El estudio de la OCDE de 2017[3] muestra que en relación con el PIB gasta menos de la mitad del promedio (2.5 vs. 6.3) de los países de la OCDE, y alrededor de cinco veces menos cuando la comparación se hace con el gasto per cápita (533 vs. 2,867) en dólares[4].

¿Son odiosas las comparaciones? Sí, lo son: México gasta por habitante menos de la mitad de lo que gasta Chile, por ejemplo. Para alcanzar el nivel de ese país hermano tendríamos que gastar 631 dólares más per cápita o casi 725 mil millones de pesos extra en términos absolutos, un monto similar al gasto anual que ejerce el Sector Público Presupuestario[5] para pagar los intereses[6] de la deuda pública[7].

Las limitaciones al presupuesto es sólo uno de los problemas; es común también que éste no se ejerza completamente. Los subejercicios del gasto en Salud no son nuevos, se han dado de manera sistemática, un fenómeno que México Evalúa ha reportado en sus estudios. Pero la magnitud que observamos al primer trimetre de 2019 es pronunciada en relación con el tamaño de los subejercicios reportados anualmente. En los datos de la Cuenta Pública entre 2013 y 2017 se observó que se gastaron 26.3 mil millones de pesos menos de lo aprobado por la Cámara de Diputados. En el primer trimestre del año en curso se reportó un subejercicio de 24 mil millones de pesos, sólo ligeramente menor al acumulado en cinco años.

A marzo, destacaron los subejercicios por casi 7,300 millones de pesos en los conceptos de gasto relacionados con la compra de fármacos y productos químicos de laboratorio, así como el pago a servicios profesionales por 1,619 millones y el gasto para reparación y mantenimiento de instalaciones.

 

La enfermedad perfecta

El bajo presupuesto de entrada, junto con los subejercicios, terminan por limitar la capacidad del sistema. Contamos con menos insumos para la atención a la salud que otros países. Por ejemplo, mientras en México hay 2.4 médicos por cada mil habitantes, el promedio de los países de la OCDE es de 3.4. Algo similar sucede con el número de enfermeras (2.8 vs. 8.9) y con el número de camas (1.5 vs. 4.7).

Otra consecuencia del bajo nivel de gasto público en Salud es el fuerte impacto en los bolsillos de la población, que tiene que pagar con recursos propios atención médica y medicamentos en el sector privado. Eso, se sabe, contribuye a la prevalencia de la pobreza en la familias. En México el gasto privado es mayor al gasto público en salud, lo cual también lo coloca en desventaja, como se observa en la siguiente gráfica…

Otro resultado aterrador, seguramente asociado en cierta medida a la baja capacidad del sistema, es el Índice de Mortalidad Materna. En ese rubro estamos en el penúltimo lugar de la OCDE, con un total de 34.6[8] muertes por cada 100 mil nacimientos, sólo superado por Latvia. El promedio de la OCDE es de 6.92 muertes por cada 100 mil nacimientos; Turquía tiene un índice de 14.7 muertes por cada 100 mil nacimientos y Chile uno de 13.5. Para la Organización Muncial de la Salud el problema mexicano es mayor al reportado por la OCDE y el Inegi, pues sus cifras para 2015 le indican 38[9] muertes por cada 100 mil nacimientos.

Es importante aclarar que varios de estos indicadores han ido mejorando a lo largo de los años, pero hay que avanzar mucho todavía para alcanzar mejores niveles de bienestar para la población. Resulta prioritario que el Gobierno explique los motivos de los subejercicios identificados en los reportes de la SHCP en 2019 y rinda cuentas por ellos, porque no cuadran con lo prometido en el PND ni con los derechos consagrados en la Constitución.

Va siendo hora, quizá, de que el Gobierno se dé cuenta de que la austeridad no alcanza para rescatar a Pemex y a la vez ofrecer cobertura universal en salud. La restricción presupuestaria obliga a priorizar y a buscar más recursos, fiscales y privados. En todo caso, la respuesta que debe ir primero en la lista de prioridades del Gobierno está dada y es muy clara.

 

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[1] Una manera de medir el gasto público en Salud en México es por medio de la clasificación funcional del gasto. El gasto funcional en Salud es el que realiza el Gobierno federal y entes de control presupuestario directo (ISSSTE e IMSS), conocido como Sector Público Presupuestario, omite el gasto que ejercen los gobiernos locales con recursos propios.

[2] Descontando el valor de la inflación.

[3] OCDE Health at a Glance 2018.

[4] PPP, ajustados por Poder de Paridad de Compra, la tasa de conversión se tomó de los datos de la OCDE

[5] SPP: Se refiere al gasto neto total del Gobierno Federal, Pemex, CFE y organismos de control presupuestario directo e indirecto.

[6] Costo financiero.

[7] Para 2018 se estima un costo financiero del SPP en 698 mil millones de pesos corrientes de 2018.

[8] Cifra reportada tanto por INEGI y OCDE.

[9] http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204114/WHO_RHR_15.23_spa.pdf;jsessionid=D370B6C642F003BFF728A71332B4D297?sequence=1