El progreso del país ha sido limitado por la falta de reformas integrales, no por el hecho de haber reformado y eso indica que sólo con una transformación cabal, política y económica, logrará el país salir de su pasmo

Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma

Miedos, intereses, inercias y una gran miopía impidieron que el país llevara a cabo una transformación integral en las pasadas cuatro décadas. Se emprendieron reformas de diversa índole, algunas más profundas que otras, pero siempre de manera parcial; siempre hubo limitaciones y poderosos intereses que sesgaron los procesos de reforma en aras de preservar cotos de caza, negocios particulares y oportunidades de corrupción. Aun así, hubo muchas reformas exitosas en el ámbito económico, pero se dejó prácticamente intacto al sistema político, lo que dejó un sinnúmero de espacios en los que interactuaban -más bien chocaban- los procesos de reforma económica con las realidades del poder y de los políticos.

Andrés Manuel López Obrador afirma repetidamente que en los pasados 36 años no se avanzó nada, que todo fue malo. Sus afirmaciones son factualmente erradas, toda vez que la evidencia es abrumadora en sentido contrario: quienquiera que haya cruzado por el Bajío en los últimos años podrá apreciar la espectacular transformación que han experimentado estados como Querétaro y Aguascalientes y, de ahí, toda la región hacia el norte y buena parte del noroeste del país. Si uno observa el comportamiento de las exportaciones, México se ha convertido en una verdadera potencia mundial. En una palabra, la transformación es real como pueden atestiguar decenas de millones de mexicanos.

Pero AMLO tiene absoluta razón en que el cambio y progreso que se ha dado ha sido sumamente desigual al no beneficiar de la misma forma a la totalidad de la población. Quienquiera que haya visitado Oaxaca, Chiapas o Guerrero sabe bien que ahí el progreso ha sido mucho más limitado, que las formas de vida, control social y político de antaño siguen prevaleciendo y que la vida cotidiana para la mayoría de la población no ha cambiado mayormente en décadas si no es que en siglos. Al mismo tiempo, AMLO debería estar contento de que así fuera, pues, de otra forma, jamás habría sido electo.

El punto es muy claro: los mexicanos estamos pagando el costo de la reticencia a reformar al país de manera integral, de tal suerte que toda la población, de todas las regiones, tuviera la misma oportunidad de entrar de lleno al mundo del crecimiento y la productividad. Eso ha venido ocurriendo en naciones como Chile y Colombia, para no hablar de varias naciones asiáticas y europeas, donde las reformas fueron integrales, sin miramiento y sin el prurito de preservar espacios para la depredación por parte de intereses particulares a través de negocios y oportunidades de corrupción.

En la contienda interna del PRI que está teniendo lugar en estos días se puede observar este fenómeno de manera nítida: dos corrientes encontradas, una que mira hacia el futuro, otra que quiere preservar el estancamiento del pasado, porque ello beneficia a grupos retardatarios. Lo que se aprecia en el PRI no es más que un microcosmos del país en su conjunto: los que quieren ir hacia adelante vs los que quieren volver, preservar o recrear un pasado idílico que de bueno no tuvo (casi) nada para la ciudadanía común y corriente.

Además de hacer posible el triunfo de un proyecto reaccionario y retardatario, el país padece las consecuencias de la inacción reformadora en los más diversos ámbitos. Primero que nada, en la pobreza que persiste a pesar de tanta reforma, pero que es explicable: baste ver la poca infraestructura que se construyó en las pasadas décadas en el sur del país, sin la cual es inconcebible atraer inversión productiva, a lo que se suma el devenir educativo de la región, que habla por sí mismo. Segundo, las enormes dificultades que enfrentan personas y empresas, sobre todo pequeñas y medianas, para elevar su productividad, sin lo cual jamás podrán prosperar. Y, tercero, y más trascendente porque revela la principal lacra del país, el mundo de extorsión que caracteriza todo lo que pasa, en todos los ámbitos y que constituye un verdadero modus vivendi para la burocracia, los policías, los partidos políticos, la justicia y los gobiernos y del que no se salvan ni las empresas grandes o los poderosos, aunque tengan mejores medios para enfrentarlo.

Estos asuntos no son excepcionales en el mundo y han sido ampliamente estudiados desde Montesquieu hasta los teóricos de la modernización del siglo XX. Para prosperar es indispensable un sistema de gobierno que cree condiciones para el progreso y la transición de un viejo statu quo a una nueva realidad es siempre escabrosa y compleja, dejando innumerables espacios de desajuste en el camino, como podría ser la violencia en la actualidad.

Para verdaderamente lograr un crecimiento integral y equilibrado, el país requiere completar esa transformación que quedó trunca en las últimas décadas. El presidente podrá perseverar en su proceso de retracción hacia el pasado (lo que no augura nada bueno) o aprovechar su extraordinaria circunstancia -de legitimidad y capacidad política- para construir y arraigar una nueva estructura política abierta y democrática en conjunto con un sistema de gobierno transformado, compatible con las realidades del siglo XXI y susceptible de promover la prosperidad de toda la población. La pregunta sigue siendo: hacia adelante o hacia atrás.