Mariana Campos | Arena Pública

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) en la Cámara de Diputados fue puesto en marcha en 1998. Porfirio Muñoz Ledo, actual presidente de la Cámara de Diputados, fue uno de los legisladores que lograron la creación de esta oficina. Aunque en su momento representó un paso muy importante y simbólico hacia la gobernanza del presupuesto público, 20 años después comprobamos que ha dejado mucho que desear, pues no ha logrado incidir como una verdadera oficina de presupuesto en un Congreso.

El presupuesto sigue siendo un instrumento cortoplacista y varias de sus prioridades –que no se discuten ni se evalúan como se debería–, siguen viciadas. Claramente, el CEFP es manejado con bajo perfil, pues nunca se le dieron las atribuciones que le correspondían. No tiene la libertad que requiere para cumplir con su programa de trabajo, ni con su programa de difusión. Vamos, no tiene libertad ni para integrar su equipo de trabajo. Tampoco es voz autorizada en la discusión sobre finanzas públicas en nuestro país. En efecto, se encuentra atado de manos: no se le permite explicar las consecuencias e impactos que puede tener la adopción de ciertas políticas fiscales.

Varias organizaciones civiles especializadas en análisis del presupuesto –como las que integran el Colectivo Peso, que incluye a México Evalúa–, así como organizaciones empresariales y gremiales, han propuesto la construcción de una oficina especializada en el monitoreo, análisis y evaluación de las finanzas públicas con carácter apartidista, y que goce de la autonomía necesaria para formar un equipo de trabajo, decidir su programa y su plan de difusión. El objetivo es empujar la evolución del CEFP hasta convertirlo en un verdadero Consejo Fiscal, que contribuya a mejorar el endeudamiento público, a presupuestar de manera más realista y sostenible. Un órgano, además, capaz de hacer estudios robustos de impacto presupuestario –no es que hoy no se hagan, pero su alcance es en extremo limitado: sólo analizan un año de impacto y no se publican–.

Permítanme describir el escenario actual en el que se apoya nuestra aspiración de un Consejo Fiscal en forma:

Lo bueno

El propio secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, es un convencido de la necesidad de contar con un Consejo Fiscal en el Congreso. No hace mucho escribió que “el Congreso de la Unión requiere una oficina que le brinde asesoría en materia económica de manera profesional, oportuna y apartidista”. En ese mismo texto hizo referencia a la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, como un ejemplo de profesionalismo y apartidismo, un tipo de oficina que nuestro Congreso debería desarrollar.[1] De hecho, durante el periodo de transición, el equipo de Urzúa emitió un comunicado reiterando la necesidad de crear una oficina con ese perfil en el Congreso.

Como el secretario, en el Colectivo Peso también vemos con mucha claridad que nuestro Congreso debe tener una oficina como la estadounidense. Podría hacerse a imagen y semejanza de la Auditoría Superior de la Federación, que tiene carácter técnico y una autonomía razonable con respecto a los asuntos políticos. Claramente, los cambios anhelados pueden materializarse rediseñando el CEFP, que tiene todo el potencial para ser un verdadero Consejo Fiscal.

En apariencia, existía una oportunidad para conseguir la evolución tan esperada del CEFP en un verdadero Consejo Fiscal. Incluso, la nueva Legislatura ha estado analizando y discutiendo reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión; esto puede ser un vehículo para detonar los primeros cambios al diseño del CEFP. No obstante, es necesario que eventualmente se emita una ley propia del nuevo centro o Consejo Fiscal. En estos últimos 20 años, ya comprobamos de sobra que el Congreso no pudo con la tarea de administrar el CEFP sin limitar su desempeño.

Lo malo

Desafortunadamente, la nueva Legislatura está por concluir su segundo periodo legislativo y este tema no es prioritario. Las reformas a la Ley Orgánica del Congreso avanzan lentamente, con todo y que el fortalecimiento del Congreso sería un hit para fortalecer a la República, la democracia y al uso del presupuesto.

Además, parece no existir un compromiso de los diputados por regular al CEFP con una ley propia. En el panorama internacional es bien sabido que este tipo de oficinas deben tener un fundamento legal fuerte, que garantice que los aspectos clave –como su mandato y proceso de selección de su director, entre otros– estén definidos y blindados de las presiones y acuerdos políticos. De acuerdo con la OCDE 89% de este tipo de oficinas se regula en la Constitución o con una ley propia.

El tan ‘flexible’ argumento de la austeridad se ha utilizado para sustentar la opinión de que fortalecer al actual CEFP generaría más gasto –y, por lo tanto, no debe hacerse–. Pero esta visión olvida que al otogar al CEFP un diseño institucional adecuado, mejoraría la forma en que se maneja la deuda pública, y también la manera en que se gasta. Y ambas cosas son tremendamente necesarias. En el mediano y largo plazo, fortalecer al CEFP contribuiría a generar ahorros y a gastar mejor.

Lo feo

La indiferencia hacia el tema por parte de la Cámara de Diputados ya puede calificarse, de plano, de descuido. No ha nombrado al Director General del CEFP; se ha mantenido acéfalo durante ocho meses. Imagínense ustedes: todas las iniciativas que han sido aprobadas en los últimos meses han sido “evaluadas”, en el mejor de los casos, por un centro acéfalo.

Mientras tanto, los problemas en las finanzas públicas crecen. A la reducción del espacio fiscal provocada por el aumento de las obligaciones del gobierno en materia de pensiones e intereses de la deuda se le suma la caída que ya se observa en la recaudación del IVA, y el aumento del déficit de Pemex. Son problemas que no llaman la atención en este momento, pero más pronto que tarde sus efectos nocivos en la realidad nacional harán que las autoridades los prioricen. Esperemos que no sea demasiado tarde.

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¿Le gustaría, estimado lector, conocer a detalle la ruta hacia un verdadero Consejo Fiscal? ¿Estaría dispuesto a sumarse a la iniciativa ciudadana que busca su creación? Le recomendamos que lea este artículo sobre el diseño mismo del Consejo, y que conozca el micrositio que resolverá todas sus dudas.

[1] C. Urzúa y A. Velázquez, (2018). “Errores Fiscales en el Ámbito Federal”. En A. Medina (Ed.), Los incentivos perversos del federalismo fiscal mexicano. La necesidad de un nuevo modelo (pp. 43-63). Ciudad de México. México. FCE.