María Fernanda Ballesteros | El Sol de México

El proceso de selección de tres comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) provocó que por primera vez muchos mexicanos voltearan a ver a un organismo cuya función es poco conocida por la mayoría, pero que tiene gran relevancia para la vida diaria de los mexicanos.

Con las reglas que emite la CRE se busca asegurar la cobertura de la gasolina, el gas y la electricidad de la forma más eficiente posible. Esta labor empata con uno de los principales retos que enfrentan todos los países en la actualidad: generar más energía con menos emisiones de carbono. Debido a la relevancia de su función, es importante que se siga monitoreando el trabajo de los comisionados recién llegados y, en general, la actuación de este órgano colegiado que en los últimos meses ha estado paralizado.

De los nuevos comisionados se cuestionó su idoneidad técnica y el hecho de que su área de especialización no fuera la materia de regulación de la CRE. Pero poco se habló sobre la importancia de la objetividad e imparcialidad en las decisiones de los reguladores frente a los intereses de las empresas que regulan, sean privadas o de propiedad estatal.

Para un regulador es fundamental concebirse como árbitro imparcial de un juego –esto es, regular sin representar los intereses de ninguno de los jugadores–. Su función es generar reglas que ayuden a cumplir con el interés de la sociedad. Durante las comparecencias previas a su nombramiento, fue lugar común escuchar a los candidatos para comisionados de la CRE señalar que debían, desde una visión nacionalista, apoyar y rescatar a Pemex y CFE como empresas estatales. Sin embargo, es importante aclarar que el rescate de estas empresas no es parte de los objetivos del órgano. Por el contrario, uno de los principales objetivos de la CRE como regulador económico es procurar una efectiva competencia, y para ello la supervisión y regulación de actores preponderantes –como son las Empresas Productivas del Estado– es fundamental.

Por ello, después de un proceso polémico de selección, los nuevos comisionados se encuentran ante la oportunidad de demostrar que pueden ser árbitros objetivos e imparciales, capaces de equilibrar intereses políticos, de empresa y de usuarios. Así seguirán dando certeza a quienes participan en el mercado y velando por un sector energético funcional.

Además, los nuevos integrantes de este cuerpo colegiado también podrían influir para hacer de la CRE un organismo más cercano a las necesidades de consumidores y ciudadanos en general. El carácter técnico de los reguladores y su natural interacción diaria con la industria regulada no son razones para dejar de impulsar un enfoque regulatorio centrado en necesidades del ciudadano, y del desarrollo de una sociedad más incluyente, energéticamente hablando. En el centro de la función reguladora está el encontrar cómo proteger a las personas de potenciales riesgos y evitar daños –en el caso de la CRE– de carácter económico.

Para ello, los comisionados pueden impulsar un mayor uso de herramientas para medir el impacto que tiene su actuación y las reglas que emiten en beneficio de los consumidores, y en particular los más vulnerables. También pueden impulsar un cambio en sus procedimientos para incluir mecanismos de participación de diferentes actores, incluyendo grupos de consumidores, académicos y sociedad civil.

En diferentes órbitas del planeta los reguladores han enfocado su función, como nunca antes, a la protección y empoderamiento de los consumidores, usuarios de servicios públicos y ciudadanos en general. Esto, y no el interés de empresas privadas o estatales, debe estar en el centro de nuestro regulador energético.