El futuro de la joven Fiscalía General de la República se cifra en buena medida en la buena ejecución de un plan de persecución penal. Ésa es la teoría. En la práctica, en Fiscal General se enfrenta a un problema que no por clásico es menos complejo: elegir un punto intermedio entre lo posible y lo deseable.

María Novoa @marianovoacv  | Proceso

Estamos en un año clave en el proceso de transición de la Fiscalía General de la República, la cual iniciará un camino de transformación institucional y definirá su orientación a mediano y largo plazo. Con esto me refiero, entre otros instrumentos, a la integración de un plan de persecución penal, comprendido como aquél que establece objetivos claros y medibles sobre los fenómenos criminales que se perseguirán y la estrategia de intervención correspondiente. Sólo mediante un plan se dará claridad sobre cómo jugar las fichas en una partida en el que la delincuencia nos lleva amplio margen de ventaja.

La integración de un ejercicio de tal naturaleza es imprescindible para una operación proactiva, así como para transformar la actual investigación de casos aislados hacia esquemas de macrocriminalidad en los que se estudien fenómenos de mayor complejidad, mediante el análisis del contexto, estructuras y patrones que no se sujetan necesariamente a límites geográficos o gubernamentales.

Esto no significa que la Fiscalía deje de atender la totalidad de los delitos que se hacen de su conocimiento. Por el contrario, la aplicación de un esquema de priorización implica establecer un orden de atención a los casos mediante parámetros para focalizar la acción investigativa hacia determinados fenómenos, situaciones o casos. De esta manera se asegura una mayor efectividad en la investigación y un mejor aprovechamiento de los recursos. Así, a la luz del Plan se definen objetivos y estrategias de intervención para dar una respuesta efectiva y ágil y definir el mejor despliegue investigativo y de litigio.

En el ámbito internacional, la persecución penal se planifica y evalúa. Dos ejemplos exitosos en América Latina son Chile y Colombia. El caso chileno muestra la manera en que la priorización es la base para tomar decisiones sobre el despliegue institucional y geográfico. Colombia, por su parte, establece la forma de enfrentar cada fenómeno criminal e incorporar elementos de justicia transicional y atención a víctimas la priorización. En ambos casos, la acción penal es una decisión pública bajo una lógica proactiva, flexible y ad hoc a la necesidad.

Consideraciones para planificar la acción penal en México

A la fecha, en el contexto nacional no hay instancia de procuración de justicia que haya formulado un plan de persecución penal con estas características. En el ámbito federal, con la transición institucional y la visión de un nuevo Fiscal General se abre una ventana de oportunidad para transformar la procuración de justicia hacia una lógica estratégica y pragmática. Recordemos además que sobre la Fiscalía recae una gran parte de las demandas sociales que exigen justicia, ya que ésta es competente de investigar delitos de alto impacto como la desaparición forzada y la tortura.

Sin embargo, también es cierto que hoy en día la institución presenta condiciones deficientes para atender esas demandas: ausencia de mecanismos de información e inteligencia, prácticas plagadas de vicios y operadores con baja capacidad investigativa, por mencionar algunos. Así, el Fiscal General enfrentará un árbol de decisiones limitado entre lo deseable y lo posible, entre la construcción futura y la atención y exigencia inmediata. Analicemos esos límites, por separado.

  1. Lo posible

En este marco ¿qué sabemos, hasta ahora, sobre la definición de prioridades en el ámbito federal? Primero, que la Ley Orgánica de la Fiscalía General previó la integración de un plan de persecución penal, en principio con carácter provisional y, transcurrido el periodo de diagnóstico, el definitivo para orientar la labor de la Fiscalía a mediano y largo plazo. También sabemos que en la propuesta de trabajo presentada por Alejandro Gertz Manero cuando era aún aspirante a Fiscal General, señaló[1] como objetivo abatir los niveles de impunidad y proteger los bienes del Estado.

¿Cómo? Mediante el uso de mecanismos alternativos para delitos patrimoniales, incluidos el robo de tarjetas de crédito o robo hormiga electrónico, que representarían más del 60% de los delitos federales denunciados. Aunado a esa propuesta, el actual Fiscal sugirió destinar el personal más especializado y experimentado para investigar otros delitos, como feminicidios, trata de personas, secuestro y extorsión, garantizando la reparación del daño a las víctimas.

La propuesta planteada por el actual Fiscal es, además de pragmática, apegada a una realidad que enfrenta la institución actualmente. De acuerdo a los registros de la Fiscalía General[2], para octubre 2018 el 45.5% de los delitos que conoce son patrimoniales, siendo los que representan el mayor volumen. Lo que implica que, en términos reales, la Fiscalía debe lidiar con un alto volumen de delitos patrimoniales, que son potencialmente mediables y se traducen globalmente en una resolución muy baja, un 0.8% de conclusiones por acuerdo reparatorio y 0.5% por criterios de oportunidad. De tal forma que se advierte un nulo aprovechamiento de estas salidas previstas en el sistema de justicia como medida para dar respuesta efectiva y pronta a los casos.

  1. Lo deseable

No obstante lo anterior, el 54.5% restante de los delitos que conoce la Fiscalía refieren a otro tipo de criminalidad, aquella que se caracteriza por involucrar una lógica de mercados criminales y cuya investigación es más compleja, ya que requiere de operadores con capacidades analíticas, de construcción de inteligencia y diseño de estrategias. De acuerdo a los registros de la Fiscalía para octubre 2018, del total de estos delitos, 12.3% se relacionaban con tráfico de armas, 11.6% con delitos económicos financieros, 6.6% con narcotráfico, 2.1% con corrupción y 0.7% con tráfico de personas.

Pero a pesar de significar más de la mitad de la incidencia federal, estos delitos, presentan los porcentajes de determinación más bajos, por las mismas características de los casos. Si bien los datos no han hecho posible conocer las formas de resolución por tipo de delito, una mirada aproximada podemos tenerla al observar el rezago por área. De esta manera se advierte cómo las áreas relacionadas con la investigación de lavado de dinero, delincuencia organizada o derechos humanos son las que presentan el mayor rezago.

Bajo esta óptica y considerando que en ese grupo se observa el principal pendiente de la Fiscalía, resulta natural imaginar que no será algo atendible de manera inmediata. Más bien, el plan de persecución deberá prever el esquema de construcción paulatina de capacidades y condiciones para perseguir este tipo de delitos.

  1. Lo necesario

Con la lectura estadística, se desprenden elementos ineludibles para la formulación de un plan de persecución. Por un lado, establecer en el corto plazo una estrategia para desahogar el volumen que representan los delitos patrimoniales. Por el otro, optimizar los recursos de la Fiscalía para la persecución estratégica de fenómenos complejos que dañan gravemente al Estado y a la sociedad y, construir capacidades para su persecución a mediano plazo.

Sin duda, el Fiscal General se enfrentará a una interrogante: ¿cómo atender la exigencia social en un entorno de impunidad, mientras en el ámbito institucional se transita entre lo posible y lo deseable, entre lo inmediato y lo futuro? Algo es claro, las decisiones estratégicas estarán también orientadas a construir la legitimidad y ganar la confianza entre la población. Por tanto, otro elemento que no puede quedarse fuera es la atención focalizada de aquellos delitos que afectan gravemente a los ciudadanos.

Me refiero a aquellos que involucran altos niveles de violencia y victimización, los que se configuran como violaciones graves de derechos humanos o bien, los que tienen un alto impacto social. La atención de estos delitos no podrá quedar fuera de las prioridades establecidas en el plan, por lo que la Fiscalía tendrá la impostergable tarea de establecer una estrategia específica para estos casos, con una visión humana y abierta al diálogo, en la que se optimicen en la mayor medida posible las capacidades y recursos actuales. Sólo así podrá construirse legitimidad, sin dejar de avanzar entre lo posible y lo deseable.

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[1] Para consulta directa: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-01-04-1/assets/documentos/Alejandro_Gertz_Manero-0008.pdf

[2] La información estadística que se presenta fue publicada en el reporte De PGR a FGR: Lineamientos hacia la transición, elaborado por México Evalúa. Para consulta directa: https://www.mexicoevalua.org/reporte-pgr-a-fgr-lineamientos-hacia-la-transicion/