El plebiscito tiene virtudes sólo en la medida en que el gobernante no tenga una agenda propia y los ciudadanos estén dispuestos, y tengan capacidad, de analizar las implicaciones de su voto. En nuestro contexto, no es más que una escama.

Luis Rubio @lrubiof | Reforma

El objetivo de Andrés Manuel López Obrador con su propuesta de referéndum es eliminar los mecanismos de representación existentes -el legislativo- de la toma de decisiones. En su visión, el “pueblo” debe ratificar sus decisiones, previamente tomadas, porque así mantiene, y eleva, su control sobre la vida política y la ciudadanía. La “revocación de mandato,” parte del mismo esquema, afianza la visión: el objetivo es el control, no la participación ciudadana. Los legisladores, comenzando por los de Morena, deben entender que su papel en esta materia es representar al electorado y actuar como contrapeso.

El asunto es muy simple: ¿quién puede creer que los ciudadanos van a votar a favor de que les aumenten los impuestos o en contra de que se meta a la cárcel al violador de la niña en ciudad Juárez? Ambas son decisiones que corresponden a la autoridad -legislativa y judicial respectivamente- cuando las circunstancias lo exijan. Someter ese tipo de decisiones al “pueblo” no es más que una argucia para evitar la responsabilidad o, más frecuentemente, para imponer las preferencias de quien somete la decisión a consulta, a sabiendas que la población realmente está evaluando al presidente porque no tiene capacidad o interés de analizar las alternativas e implicaciones de su decisión.

El referéndum es un instrumento que se utiliza con regularidad en algunas naciones y su experiencia es ilustrativa. En Suiza, nación con un enclenque gobierno central, cada año se somete una infinidad de decisiones al voto popular. Los ciudadanos leen los materiales y los analizan y discuten con seriedad. Los asuntos se presentan con meses de antelación y las posturas a favor y en contra son públicas y sus proponentes no sólo respetan a sus contrarios, sino que se asumen como proponentes, no como enemigos.

El caso del estado de California en Estados Unidos es muy distinto. Ahí las consultas cobraron popularidad cuando un grupo de ciudadanos propuso el establecimiento de límites a los impuestos prediales, lo que abrió la caja de Pandora. Una medida tan popular como esa fue inmediatamente aceptada por los votantes, lo que trajo dos consecuencias: por un lado, disminuyó drásticamente la recaudación fiscal, afectando la provisión de servicios municipales; por el otro, inició una avalancha de consultas que, típicamente, son decididas no por lo sustantivo del tema sino por el carisma del proponente o los intereses de los medios.

Yo no tengo objeción alguna a bajar los impuestos o a que se revisen leyes y decisiones; lo que me parece peligroso es el procedimiento que le es inherente al referéndum porque se trata de un engaño. Tanto en el estado de California como en México, los ciudadanos carecen de la disposición de los suizos a evaluar con detenimiento cada decisión y a discutirla con conocimiento de causa. La experiencia de la nación europea tiene que entenderse en su contexto: el gobierno nacional es extraordinariamente débil, los ciclos presidenciales duran dos años y la participación ciudadana no es sólo comprometida, sino trascendental. Ahí no se utiliza al referéndum como un medio (sesgado) para decidir la continuación de un aeropuerto sin información contextual que, además, ya está siendo construido.

Las experiencias de Suiza y California ilustran lo delicado -y peligroso- de la implantación de un mecanismo de decisión como lo es el referéndum. Los propios británicos todavía no salen de su pasmo por la forma en que se decidió su salida de Europa: aquel referéndum acabó siendo una ruleta rusa. Más al punto, aunque siempre hay posturas encontradas, lo que hemos podido observar desde el primero de julio pasado es que el mecanismo de consulta se entiende como un instrumento de manipulación y legitimación y no como un medio de desarrollo de la ciudadanía, mejoramiento de la democracia o elevación de la calidad de vida. En estas condiciones, el referéndum acaba siendo un mecanismo de control y no de participación. Peor, los plebiscitos dividen y lo que México necesita es sumar.

La idea del plebiscito o referéndum es buena y saludable: se parte del supuesto que los ciudadanos, como beneficiarios o paganos del resultado de las decisiones públicas, deben tener mayor participación en los procesos de decisión de las cosas que los podrían llegar a afectar. La experiencia es muy distinta: estos mecanismos acaban en manos de políticos y medios de comunicación que tienen enorme capacidad de manipular a la opinión pública para legitimar decisiones previamente tomadas. Con esa lógica, un referéndum en México llevaría a la perpetuación del presidente en el gobierno, que es, a final de cuentas, la idea de la revocación de mandato: que nunca se revoque.

La democracia mexicana es por demás joven y precaria, además de que, como país, no hemos roto con el viejo sistema político fundamentado en el control y la manipulación. Adoptar el referéndum como mecanismo oficial no harían sino consolidar, por la puerta de atrás, al régimen autoritario postrevolucionario. Los legisladores tienen que reconocer que ellos mismos serían los primeros perdedores de semejante legislación, pues desaparecerían como poder relevante. A nadie le conviene el poder en manos de una sola persona.

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