María Novoa @marianovoacv | El Sol de México

La impunidad es un mal que debe erradicarse. Ésta implica un alto costo social para víctimas, imputados y para la sociedad en su conjunto, tanto por la injusticia per se, como por la imposibilidad de prevenir futuros actos similares. La impunidad, entonces, representa la señal –presente y futura, tácita o explícita– de que el Estado no se responsabiliza de proteger y garantizar los derechos.

Como lo dijo Jane Mayer, periodista de The New Yorker, nada predice mejor el comportamiento futuro como la impunidad del pasado. Y hablando del pasado, la historia de México está plagada de impunidad, ya sea porque los delitos no llegan al conocimiento de la autoridad (93.2%), como por la falta de efectividad sobre los que sí conoce (sólo se resuelven cuatro de cada 10). Ante este contexto, la transición de la Fiscalía General de la República (Fiscalía) exige asumir como prioridad la eliminación de la impunidad actual y la prevención de la futura.

Hablemos primero de la actual. La anterior Procuraduría General heredó a la Fiscalía un total de 166 mil 643 investigaciones sin resolver[1], donde 148 mil 503 corresponden al sistema acusatorio y 18 mil 140 al tradicional. Éstas se distribuyen entre las distintas áreas: 32 mil 201 en áreas centrales y 134 mil 442 en delegaciones estatales.

Las investigaciones se caracterizan por involucrar una alta proporción de ‘bagatela’, casos de baja importancia como el grafiti de un inmueble federal o la afectación del asfalto en los accidentes viales. Entretanto, los casos que involucran víctimas o situaciones de alto impacto social representan significativamente un reducido número respecto del total. Esto implica una ‘desviación’ de los esfuerzos estratégicos –que deberían dedicarse a la resolución de casos complejos[2]– hacia la atención de grandes volúmenes de casos simples.

Aunado al reto de establecer una estrategia diferenciada, será necesario considerar que la Fiscalía operará en dos vías simultáneas; por un lado, activando una nueva organización y, por otro, concluyendo el trabajo pendiente. Esta situación podría sugerir un marco de incentivos perverso, con riesgo latente de opacidad e impunidad, que se verían auspiciados sin un registro de investigaciones en toda la institución.

Si bien la Fiscalía heredó varias plataformas informáticas en uso, no existe garantía de que todos los casos tengan cabida allí. Igualmente, las bases de datos pueden ilustrar su estatus jurídico y adscripción por área, pero no garantizar su trazabilidad y precisa identificación, por lo que se requiere asegurar la integración de inventarios y la clasificación de los casos.

En esa titánica labor será indispensable contar con controles para el acompañamiento de los procesos, y poner atención en casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos o con corrupción. Además, se deben establecer espacios de participación y rendición de cuentas para víctimas y sus representantes. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa puede ser referente aleccionador como mecanismo de acompañamiento y participación.

Ahora hablemos de prevenir la impunidad futura. La transición de la Fiscalía dispone la integración de un Plan de Persecución con carácter provisional, que estaría publicándose hoy, 22 de marzo, a fin de orientar la investigación y persecución de delitos mientras se realizan diagnósticos y análisis. No obstante, se prevé un plazo con vencimiento a enero 2020 para la integración del Plan de Persecución Penal definitivo.

Este proceso toma lugar en un contexto con ausencia de una política que articule los esfuerzos de seguridad y justicia, cuestión que limita y deja inestable cualquier ejercicio de planeación, incluido el de persecución penal. También existen variables estructurales cuya atención debe orientar decididamente la toma de decisiones, tales como la falta de claridad en la distribución de competencias y la inexistencia de criterios para la atracción de casos.

Se requiere, por tanto, que la Fiscalía General asuma un rol estratégico y comprometido contra la impunidad en dos encomiendas específicas: la de atender los miles de casos pendientes y la de planear su transformación y su nueva visión. Si no se asumen ambas agendas con la misma importancia, no sólo continuaremos con un nivel de impunidad sin referente, sino también con una instancia de procuración de justicia anclada en el pasado y rebasada en su capacidad.

 

[1] De PGR a FGR: Lineamientos para la Transición, México Evalúa, 2019. Para consulta directa: https://www.mexicoevalua.org/reporte-pgr-a-fgr-lineamientos-hacia-la-transicion/

[2] Por criminalidad compleja me refiero –por ejemplo– a casos que requieren demasiada información, cuya investigación debe asociarse con otras investigaciones, que emplean medios extraordinarios de investigación y análisis de contexto, involucran la conexidad de otros delitos, la posible participación de una organización delictiva, un alto grado de violencia y/o violaciones graves de derechos humanos, entre otros.