Luis Rubio / Reforma

Hace unos años, cuando Beijing se disponía a recibir a los jefes de gobierno que integran la APEC, el gobierno de la ciudad cerró cientos de fábricas y prohibió la circulación de millones de vehículos, todo en aras de disminuir la contaminación del aire e intentar darle una fachada menos sucia a la urbe. Sin embargo, una aplicación telefónica mostraba que la contaminación alcanzaba cifras escandalosas. El gobierno no tardó nada en resolver el problema: bloqueó el uso de esa aplicación y con eso le dio santo sepulcro a la contaminación.

Así parece actuar el presidente López Obrador. En lugar de resolver los problemas del país, está empeñado en destruir todo lo que ya funcionaba y, en muchos casos, funcionaba extraordinariamente bien.  El país iba por buen camino, así fuera con enormes carencias y asuntos no resueltos, pero sensiblemente mejor de lo que estuvo en las décadas de los setenta y ochenta.

La estrategia de tildar de malo y corrupto a todo lo existente ya rindió frutos en la forma de un desempleo creciente, una economía que va de picada y total ausencia de inversión, lo cual no hace sino agudizar los dos primeros indicadores. El presidente no está dispuesto a reconocer que su estrategia está causando estos fenómenos y que, de seguir, no logrará sino sumir al país en una crisis de dimensiones inconmensurables. Las señales que mandan los mercados financieros respecto a la confiabilidad de la deuda mexicana que se cotiza en esos ámbitos no son halagüeñas; más bien, anticipan riesgos que, de no ser atendidos de inmediato, provocarán justo lo que el presidente dice querer evitar.

El problema no son las finanzas de Pemex, por más que ese sea un enorme problema. El problema es toda la concepción del gobierno, que quiere destruir lo existente, cuando lo que el país requiere son acciones que resuelvan problemas recientes y ancestrales que no se han querido enfrentar por muchas décadas y para lo cual AMLO tiene una legitimidad única. La estrategia económica de las últimas décadas es la única posible, aunque bien hecha: no es casualidad que, literalmente, todas las naciones del mundo hayan seguido un camino similar, quizá menos por gusto que porque no hay de otra. Las excepciones -como Venezuela y Corea del Norte- no son atractivas. Hasta Cuba ha entrado en la lógica de la globalización, así sea de manera modesta.

El punto de partida de AMLO es que todo lo que se hizo a partir de 1982 fue equivocado. Esa premisa erra en dos frentes: primero, no reconoce que la crisis de 1982 fue producto de que se prolongó por demasiado tiempo –y, de hecho, se exacerbó- la estrategia del desarrollo estabilizador, al punto de provocar una crisis de deuda que tomó décadas controlar. En segundo lugar, tampoco acepta que la estrategia de desarrollo introspectiva, casi autárquica, dejó de ser posible porque no satisfacía las necesidades de una población cada vez más demandante, y porque el mundo cambió con las comunicaciones, la tecnología y la forma de producir. El sentido de la estrategia económica a partir de 1982 tiene muchas carencias y errores que obviamente no deben repetirse, pero es el único posible.

El presidente López Obrador tiene la legitimidad y el liderazgo necesarios para hacer lo que los gobiernos de las décadas pasadas no pudieron o no quisieron hacer: eliminar los obstáculos al desarrollo que se preservaron y que yacen en el corazón de las bajas tasas de crecimiento promedio que el país ha arrojado por demasiado tiempo. Los problemas que se enfrentan tienen que ver con estructuras políticas y sociales anquilosadas que favorecen lo que Luis de la Calle* llama la “economía de la extorsión,” donde autoridades, sindicatos, monopolios, burocracias y criminales extorsionan a los ciudadanos, empresarios, alumnos, propietarios, y comerciantes, impidiendo que crezcan las empresas y se desarrolle el país. Si el presidente de verdad quiere detonar un elevado crecimiento y darle oportunidades a los mexicanos más desfavorecidos, su estrategia debería ser la de romper con esas prácticas impunes.

Lo que está haciendo es exactamente lo opuesto: afianzar los feudos, fortalecer (y premiar) a los sindicatos que todo lo obstaculizan y cultivar y cautivar a las empresas que impiden la competencia. Provocar conflictos sindicales, atacar empresas que generan energía y atizar el entorno de polarización no van a lograr más que menos crecimiento, menos inversión y, si se persiste en la destrucción de todo lo existente, una crisis de las dimensiones de la de 1995. O peor.

Oaxaca no progresa porque las estructuras políticas sociales y sindicales todo lo mediatizan y todo lo impiden. No es necesario más que observar el éxito lugares como Aguascalientes o Querétaro para ver lo que una estructura política, social y empresarial favorables pueden crear. La pregunta es si lo que el presidente López Obrador pretende es convertir a todo el país en Oaxaca, el camino que ha adoptado, o a enfrentar los problemas de Oaxaca y, en general del sur del país (aunque no exclusivamente) para que todo el país salga adelante y los ciudadanos más desfavorecidos acaben teniendo las mismas oportunidades y derechos que los más exitosos. En una palabra: ¿igualar hacia arriba o hacia abajo?