Por Laurence @lpantin  | El Sol de México

De manera algo sorpresiva, se pospuso ayer la votación en el Senado para designar a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La razón: Morena previó que no alcanzaría la mayoría calificada necesaria. Es sorpresiva porque a principio de esta semana, en los pasillos del Senado, el nombramiento de Yasmín Esquivel parecía un hecho.

¿Cómo llegamos aquí? Con un proceso en el que el presidente mandó su terna al Senado sin previo aviso ni consultación pública alguna; en el que la mayoría de los senadores de la Comisión de Justicia (cuando se dignaron a estar presentes en las comparecencias que no duraron más de tres horas cada una) pareció más interesada en quedar bien con las candidatas que en cuestionarlas sobre su trayectoria, su potencial falta de independencia o las acusaciones en su contra publicadas en varios medios. Y, finalmente, con una dinámica en la que, aunque los ciudadanos pudieron mandar preguntas para las comparecencias y escritos para manifestar su opinión sobre las ternadas, no quedó claro cómo estas preguntas fueron seleccionadas o los escritos procesados.

Pero también, y en abono a la salud de nuestra vida democrática, con un proceso donde las comparecencias fueron transmitidas en vivo y provocaron la indignación de muchos ciudadanos por la falta de conocimientos legales de las candidatas y, en ocasiones, por sus posturas conservadoras (pro-vida) y discriminatorias hacia grupos en situación de vulnerabilidad (matrimonios del mismo sexo). Esto favoreció la aparición del hashtag #RechacenLaTerna que, al ser trending topic durante varias horas, contribuyó a dificultar el plan original.

Ahora, imagínese qué hubiera pasado si las comparecencias no se hubiesen difundido por televisión. Probablemente muy pocos hubieran podido acudir a escuchar a las candidatas y la indignación se hubiera extendido sólo a un grupo muy reducido de periodistas, académicos y ciudadanos interesados en el tema, dejando la vía libre para que los senadores designen a la candidata presentida sin mayores obstáculos.

Por eso la transparencia y la participación ciudadana son tan importantes en los procesos de designaciones de jueces supremos. Por eso las recomendaciones internacionales apuntan con tanta claridad en ese sentido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que estos procesos deben estar abiertos al escrutinio público, para reducir el grado de discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección y garantizar la calificación con base en el mérito y la capacidad profesional.

Sin embargo, la transmisión de las comparecencias o la posibilidad para los ciudadanos de mandar preguntas o comentarios sobre las candidatas (con los limitantes ya señalados) descansó exclusivamente sobre acuerdos internos del Senado, cuya validez se agotará en cuanto concluya este proceso. Esto es, porque el detalle del mecanismo de las comparecencias, sus tiempos, así como su nivel de transparencia y de participación ciudadana no están incluidos en la normatividad, lo cual permite que cada proceso se desarrolle conforme a la voluntad o los acomodos políticos del momento.

Esto debe cambiar. Necesitamos que, desde la Constitución o por lo menos a nivel legal, se contemplen mecanismos que garanticen una mayor transparencia y participación ciudadana en los futuros procesos. Podría servir de inspiración un caso argentino de 2003: el entonces presidente Néstor Kirchner, al no contar con mayoría calificada en el Senado, abrió un proceso de preselección para cubrir vacantes en la Corte Suprema, en el que el Ejecutivo publicaba el nombre y los antecedentes curriculares de los candidatos que tenía en mente para cubrir las vacantes y preveía un plazo de 15 días para que se pudieran presentar comentarios sobre los mismos. Esto lo obligó a presentar a juristas no solamente destacados, sino también aceptables por gran parte de la sociedad y de la oposición. A cambio, obtuvo el apoyo legislativo necesario.

En Argentina el costo político de presentar a candidatos no idóneos o demasiado marcados políticamente hubiera sido demasiado alto. ¿Ese mismo contexto político podría estar creándose en México?