Por: Maximilian Holst @mxholst

La Ciudad de México y Jalisco son las entidades donde el delito golpea más al sector empresarial. ¿De qué forma se refleja este impacto en la capacidad productiva?

Los delitos que más acaparan la atención mediática son los homicidios, los secuestros y las violaciones. Y con justa razón, ya que implican un gran costo humano y tienen un enorme impacto en la percepción de inseguridad de los ciudadanos. La victimización contra empresas, en cambio, es un fenómeno delictivo que no suele ocupar mucho espacio en el debate público. Esto, a pesar de que tienen efectos directos no sólo en la percepción de inseguridad, sino también sobre la actividad económica.

Este tipo de delito es también una fuente importante de impunidad y de cifra negra. En México, de 100 empresas que sufrieron algún tipo de delito sólo 16 lo denunciaron, siendo la extorsión el delito que tiene la mayor cifra negra.

A finales de 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE). Sus resultados revelan que de un universo de más 4.5 millones de empresas un tercio (33.7%) fueron víctimas de por lo menos un delito en 2017.

Las entidades con un mayor porcentaje de negocios que sufrieron algún delito en 2017 fueron: Campeche (46%), Aguascalientes (44%), Sonora (43%), Michoacán (41%), Baja California (41%) y la Ciudad de México (40%).

El nivel más alto en 22 años

Dentro de los múltiples delitos que reporta mensualmente el Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)[1], el que tiene una asociación más directa con las empresas es el robo a negocios.

En los últimos años, este delito ha mantenido una tendencia creciente en el país. Sin embargo, en diciembre de 2018 y en enero de 2019 el robo a negocio alcanzó su nivel más alto desde 1997, año a partir del cual el SESNSP lleva registro de estos delitos.

Del total de 3.7 millones de delitos reportados en la ENVE, los más frecuentes entre los que sufren las empresas están: robo/asalto de bienes o dinero (854 mil 591), robo hormiga (583 mil 933), extorsión (525 mil 036), actos de corrupción (512 mil 700), robo de accesorios de vehículo (328 mil 868) y robo de mercancía en tránsito (302 mil 896).

Por otro lado, la ENVE revela que en el universo de delitos cometidos a empresas mexicanas, en 27.7% se usó arma de fuego en 2017. En la Ciudad de México, representó el 13.8% y en Jalisco, 40.5%.

 

La perspectiva estatal del robo a negocio

La entidad que tuvo la tasa por 100 mil habitantes[2] más alta de robo a negocio en 2018 fue Quintana Roo, donde se registró una tasa de 280.4, mientras que la media nacional fue de 74.3. Le sigue la Ciudad de México con 190.1, Aguascalientes con 188.7, Baja California con 159.6, Querétaro con 145.9, Tabasco con 141.1 y Guanajuato 119.3.

Por otro lado, el robo a empresas incrementó en los primeros dos meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al comparar diciembre de 2018 con diciembre de 2017, este delito aumentó 19%, mientras que para enero de 2019 el robo subió 29.1% con respecto al año anterior.

Es muy notable el aumento en la tasa de robo a negocio en la Ciudad de México y Jalisco. La evolución de este delito en otros estados sigue su tendencia, pero en las entidades señaladas hubo saltos importantes. En la capital hubo un aumento de 73% en dos meses: pasó de una tasa de robo mensual de 14.8 en noviembre de 2018 a 25.6 en enero de 2019. En noviembre del año pasado, Jalisco tenía una tasa de 6.8 robos y para enero de este año alcanzó una tasa de 22.7: esto significa que se incrementó 234% en tan sólo dos meses.

Los costos de la victimización

Es preciso analizar los daños económicos en las empresas a causa del delito. La ENVE reporta que 1 millón 540 mil 694 negocios fueron víctimas de un delito en 2017 y que sus costos acumulados (pérdidas y medidas de protección contra la delincuencia) ascendieron a 163 mil 439 millones de pesos[3], que en promedio son 69 mil 280 pesos por negocio, equivalente a 190 pesos por día. Estas cifras no alarmantes: el costo acumulado equivale al 0.22% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.

Las empresas víctimas de delitos suelen gastar en medidas de seguridad y protección contra la delincuencia. El monto del gasto se diferencia por el tamaño de la empresa afectada: mientras que las microempresas invierten en promedio 20,172 pesos cada una en medidas de protección, las empresas pequeñas invierten 135,225 pesos, las medianas 333,529 y las grandes más de 1 millón de pesos.

En la Ciudad de México 177 mil 505 negocios se vieron afectados en 2017, con un promedio de costos de 131 mil 069 pesos por negocio. En Jalisco fueron 109 mil 282 empresas las afectadas, con un costo promedio de 50 mil 432 pesos por negocio.

Más allá de los costos directos que deben asumir las empresas a causa del delito, sus planes y perspectivas de negocio también se ven afectados. ¿De qué forma?

Entre las consecuencias más relevantes que experimentaron las empresas están la cancelación de planes para el crecimiento del establecimiento (13.1%); el alto en la comercialización o la realización de negocios con otras empresas (6.3%); la reducción de horarios de producción o comercialización de bienes o servicios (18.2%) y la cancelación de rutas de distribución o venta de sus productos (4.5%).

Para la Ciudad de México y para Jalisco los cambios se expresaron de la siguiente manera:

 

Las empresas reportan que las consecuencias del delito las han impactado más que el delito en sí mismo. Los daños materiales se reponen con facilidad, pero las afectaciones en los planes de inversión y en la operación de los negocios dañan a largo plazo sus ingresos, su productividad y su capacidad para atraer talento.

Fuente de desigualdad

La victimización contra empresas es creciente y está marcada por impactos diferenciados de acuerdo al tipo y al tamaño de las empresas. Las empresas grandes suelen presentar mejores condiciones para hacer una mayor inversión en seguridad, a menor costo para sus actividades. ¿La razón? Sus mayores posibilidades económicas y su capacidad negociadora con las instituciones públicas. Por el contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas en ocasiones no cuentan con los recursos ni los mecanismos para reducir los efectos de la victimización. El costo de la inversión en medidas de seguridad y el acceso limitado a las instituciones públicas acentúan la desigualdad entre las empresas.

Es importante atender el robo a negocio, ya que afecta el nivel de inversión y la capacidad de atracción de capital extranjero hacia el país. Si la inversión decrece, el crecimiento económico se desacelera y la creación de nuevas oportunidades de trabajo se ve afectada.

La administración de López Obrador es optimista y asegura que en el país habrá menos inseguridad al término del primer semestre[4]. Esperemos que este optimismo esté acompañado con el trabajo conjunto entre empresarios de diversos sectores, con el fin de diseñar estrategias focalizadas que atiendan los crecientes problemas de inseguridad que tiene el sector empresarial.

 

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[1] EL SESNSP es la fuente oficial que publica mensualmente las cifras de robo a negocio.

[2] La métrica más correcta para medir los robos es la tasa de robo por 10 mil unidades económicas. Debido a que sólo se cuenta con información bianual de dicha métrica, se hace una aproximación mensual empleando la tasa por 100 mil habitantes. Las entidades con las tasas más altas de robo por 10 mil unidades económicas en 2017 fueron Michoacán (13,082), Aguascalientes (11,866), Guerrero (11,761), Campeche (11,625), Ciudad de México (11,605), Chihuahua (11,322) y Baja California Sur (10,883).

[3] Las cifras en pesos que aparecen en la ENVE son de 2017 y fueron actualizadas a precios de 2019.

[4] “En 6 meses debe verse un cambio en tendencias de inseguridad: Durazo”. El Financiero, 25 de febrero de 2019. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-6-meses-debe-verse-un-cambio-en-tendencias-de-inseguridad-durazo