Chrístel Rosales (@Chris_Ros ) | Animal Político

Acceder a la justicia y conocer la verdad son demandas impostergables en un país con al menos 45 mil personas desaparecidas, más de mil cien fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar[1]. Frente a ese panorama, encontramos instituciones débiles y rebasadas, con personal, capacidad y espacio insuficientes. Los servicios periciales y forenses son el elefante en la habitación.

No podemos continuar soslayando la crisis, que adquiere el rostro de la tragedia. El 4 de febrero pasado el Gobierno Federal, en voz de Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, presentó el Plan Nacional de Búsqueda. En él se contemplan propuestas para hacer frente al complejo problema. Una de las más llamativas es el fortalecimiento de los servicios periciales y forenses. ¿Pero qué significa esto?

Peritos: un paso al frente

Con la reforma del sistema de justicia en 2008 se inició un proceso de transformación institucional que implicó (que todavía implica) a policías, fiscales, jueces y defensores, entre otros. A la fecha, con avances heterogéneos y muchos claroscuros, estos actores han modificado sus roles y dinámicas para atender las de un modelo más garantista. Sin embargo, un par de piezas clave parece haber quedado en el olvido: los peritos y forenses.

Los peritos son especialistas por excelencia. Se hacen responsables de rendir las pruebas periciales que tomarán lugar en los juicios o en etapas previas.

En el sistema inquisitivo los peritos se desempeñaban como auxiliares del Ministerio Público (MP), atendiendo las diligencias solicitadas y reflejando sus resultados en dictámenes escritos que se integraban posteriormente a los expedientes. En el modelo acusatorio, en cambio, los peritos fungen como un actor autónomo que realiza un análisis minucioso de cada elemento de prueba. Su trabajo arranca con una solicitud proveniente de las propias víctimas o de los imputados, no necesariamente de un MP; y sus hallazgos, más que ser archivados en papel, se manifiestan oralmente en las audiencias.

Este cambio trae consigo dos implicaciones, principalmente. La primera es que los peritos ya no responden en una lógica vertical al MP o Fiscal, el cual podía dar línea o filtrar bajo su criterio las pruebas a presentar. Ahora los peritos, en ejercicio de su autonomía, pueden incluso representar un contrapeso en la llamada Triada de investigación (fiscales, investigadores y peritos). Esto se traduce en investigaciones objetivas y técnicas, más blindadas a injerencias externas.

La segunda implicación consiste en que su trabajo es abierto al escrutinio durante las audiencias. En efecto, pueden ser examinados por el juez y por las mismas partes del juicio, con lo que se garantiza la igualdad procesal de víctimas e imputados y la rendición de cuentas en su labor.

Ante el fenómeno de la desaparición de personas, el trabajo de estos especialistas es crucial. Primero, porque sus análisis constituyen el elemento científico para las investigaciones criminales, más aún en el desarrollo de análisis de contexto y macrocriminalidad que caracterizan el fenómeno. Su labor también es vital para la búsqueda, el resguardo digno de los cuerpos y la identificación forense.

La (rebasada) situación actual

Hoy en día a nivel nacional se observan dos constantes: la deficiente capacidad institucional y una operación más burocrática, más apegada todavía al modelo de justicia inquisitivo. En el ámbito federal se cuenta solamente con 1,930 peritos para toda la República, mientras que en el ámbito local con 9,041. Eso representa una tasa nacional de 1.5 peritos por cada cien mil habitantes para la investigación de delitos federales y de 7.3 para los delitos del fuero común. Cuando se analizan estas proporciones en las entidades federativas se observan marcadas diferencias.

Mientras que Baja California Sur, Colima y la Ciudad de México cuentan con 17 o más peritos por cada cien mil; Puebla, Veracruz, Estado de México y Coahuila tienen menos de cinco peritos respectivamente. Si se analiza esta proporción de operadores en función de las víctimas de desaparición en la entidad, la situación más crítica se aprecia en Tamaulipas y Sinaloa, donde la tasa de víctimas de desaparición asciende a 172.3 y 98.8 por cada cien mil, mientras que la proporción de peritos es menor al promedio nacional. Éste es el reflejo de una capacidad institucional insuficiente para atender la magnitud del fenómeno.

Aunado a lo anterior, los servicios periciales a la fecha son un elemento orgánico de las fiscalías. Su rol continúa siendo el de auxiliar del MP. En el papel, la única excepción es Jalisco, donde se creó el Instituto Jaliciense de Servicios Forenses (IJSF), con autonomía técnica. Sin embargo, éste opera de manera prácticamente idéntica al resto de las entidades y se ha hecho evidente su capacidad rebasada. Basta recordar el caso del trailer en Tlajomulco, aquél que contenía 150 cuerpos sin identificar, todos bajo la responsabilidad del IJSF.

Esta situación no es excepcional. Los servicios forenses y las morgues se encuentran rebasados. No existen registros suficientes y fidedignos de datos ante mortem y post mortem para la identificación ni se ha observado el Protocolo para el tratamiento e identificación forense.

Señales de esperanza

Llega una oportunidad de oro para atender esta pieza olvidada del aparato de justicia. Si se busca construir un modelo nacional de procuración de justicia, con la transformación real de las 32 procuradurías o fiscalías locales y de la Fiscalía General de la República (FGR) debe vigilarse la definición del modelo de investigación criminal. Debemos asegurarnos de que los peritos operen como contrapeso en la investigación y como voz autónoma en los juicios.

Debe aprovecharse el compromiso del Gobierno Federal en el marco del Plan Nacional de Búsqueda. Es prioritario el óptimo uso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en lo que toca al fortalecimiento de los servicios periciales de campo y de gabinete, los laboratorios y los servicios forenses. También se debe garantizar la efectividad de la Base Nacional de Información Genética (en cancha de la FGR) y del Sistema que incluirá el registro nacional de personas desaparecidas, el de fallecidas no identificadas y el Banco Nacional de Datos Forenses.

Finalmente, con la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense como coordinador de las instancias locales, habrá que garantizar la coordinación y colaboración efectiva, el fortalecimiento de sus contrapartes en el ámbito local y evitar a toda costa la posible dispersión de esfuerzos y recursos entre instancias federales y locales. Ahí está la ruta.

[1] Datos presentados en conferencia de prensa del 4 de febrero, por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.