Edna Jaime @EdnaJaime ‏ | El Financiero

Los informes de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su esencial tarea de fiscalización, deberían servir para mucho más de lo que hoy sirven. Y no sólo me refiero al hecho de que no haya consecuencias administrativas o penales a las faltas que identifica en sus tareas de fiscalización, también me refiero a la poca relevancia de sus hallazgos en la toma de decisiones de política pública. Aunque es cierto que la Auditoría hace lo que la ley le mandata, considero que debería hacer más para hacer su trabajo relevante. Nada sencillo porque no depende solamente de su quehacer, sino de la confluencia con otras instancias del Estado. El Congreso, la Fiscalía, la Función Pública. De ahí el sentido de crear un sistema anticorrupción, para que en los espacios de responsabilidad compartida exista fluidez, colaboración y, por tanto, eficacia.

De las muchas aristas que pueden explorarse del trabajo de la ASF, me gustaría señalar una: las lecciones que puede tomar la actual administración de lo que salió mal en la gestión de su antecesor. Y no me refiero únicamente a hechos que pueden clasificarse como corrupción, sino errores de gestión que costaron muy caro al gobierno y también al ciudadano como receptor de bienes y servicios públicos.

Los informes de Cuenta Pública de la Auditoría pueden leerse con distintos lentes: el de auditor que busca irregularidades para aclararlas, corregirlas o sancionarlas; y también el del ejecutor de gasto y servidor público que debe encontrar en estos informes elementos para mejorar su desempeño.

Y un ámbito que merece ser desmenuzado por esta administración es lo que  concierne a la inversión en infraestructura física. Porque por la velocidad con que se mueve este gobierno, los anuncios, y la naturaleza misma de los proyectos que piensa emprender, no es remoto que acabe atrapado en las mismas redes que sus antecesores.

El informe de la Auditoría, así lo reportó este diario en sus páginas de ayer, tiene observaciones graves sobre los proyectos emblemáticos de la pasada administración. El Nuevo Aeropuerto de la CDMX (hoy cancelado), el Tren elevado a Toluca (hoy inconcluso y parado) y el Paso Exprés (hoy reconstruido después de su socavón). Estos mismos proyectos fueron analizados por México Evalúa y los hallazgos reportados en “Ojos a la Obra”, publicación que vio la luz el año pasado.

La Auditoría reporta falta de planeación en los proyectos; proyectos ejecutivos incompletos o inexistentes al momento de iniciar las obras; mala calidad en la ejecución e irregularidades muy puntuales en la edificación de algunos proyectos.  Y del estudio de México Evalúa se puede agregar: uso excesivo de mecanismos extraordinarios de contratación como adjudicación directa o convenios entre entidades públicas. Y un bajo nivel de rivalidad, aún en licitaciones. La combinación de estos elementos arroja obras que se exceden en su costo y que se desfasan de manera muy importante en sus tiempos de entrega. Y por estas razones, cambia el cálculo de su rentabilidad y de su valor para la sociedad.

La Auditoría tendrá que integrar expedientes de aquellos asuntos que ameriten presentarse ante la justicia penal o administrativa. Y hacer lo necesario en el ámbito de sus atribuciones para llevar estos casos hasta sus últimas consecuencias.

Para esta administración estas tres obras deben servir de espejo en el cual mirarse. Porque sus proyectos emblemáticos pueden pronto atorarse en las redes de la improvisación, de la prisa y de la opacidad.  En ausencia de un órgano técnico encargado de evaluar proyectos y prepararlos, siempre hay tentación de querer trascender con una obra monumental que se recuerde en el tiempo. Entre eso y el fracaso, sin embargo, media sólo la ineptitud que no es infrecuente en la gestión de los megaproyectos.

El trabajo de la ASF debe generar consecuencias. En el combate a la corrupción y en el mejor diseño y ejecución de la política pública. Ahora con atribuciones que le permiten auditar en tiempo real, sería bueno que entregara a los mexicanos informes oportunos sobre la evolución de proyectos de infraestructura de esta administración.

La revisión de la Cuenta Pública que realiza la ASF no es un trámite, es trabajo sustantivo al que debemos sacar mucho más provecho. Para combatir la corrupción, pero también para mejorar la política pública. Eso y no menos esperamos de su labor.