En el sexenio de Peña Nieto la violencia dejó de ser un problema concentrado en pocos municipios para propagarse por todo el país.

Maximilian Holst (@mxholst ), Alan López (@alanfabian07) y Magda Ramírez (@magda_geocrime )

El gobierno federal enfrenta una crisis de inseguridad sin precedentes en el país debido, principalmente, a los altos niveles de homicidio doloso. Esta situación es producto del fracaso de las estrategias de seguridad que se llevaron a cabo durante los últimos doce años.

¿Cómo ha evolucionado el fenómeno de la violencia letal en el país? Presentamos un análisis comparativo de los homicidios dolosos al final del sexenio del presidente Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

El panorama nacional

La administración de Enrique Peña Nieto terminó con el mayor número de asesinatos de las últimas décadas: 126,330 carpetas de investigación por homicidio doloso. En promedio, la tasa de homicidio por 100 mil habitantes durante este sexenio fue de 17.3. Considerando que las carpetas de investigación pueden contener más de una víctima, el número es escalofriante.

Comparado con el sexenio de Felipe Calderón, que tuvo un registro de 103,537 asesinatos y una tasa promedio de 15.1 homicidios por 100 mil, el número de carpetas de investigación de este delito aumentó en 22% durante la administración de Peña.

Los estados

Cuando Peña Nieto asumió la presidencia en diciembre de 2012, la violencia letal en estados como Guerrero, Chihuahua, Morelos, Colima y Sinaloa era preocupante. Sus tasas de homicidio estaban por encima de los 40 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Pero, ¿qué pasó seis años después?

La violencia letal en Colima se agudizó. Su tasa de homicidio se duplicó y llegó a los 82.9 homicidios dolosos por 100 mil habitantes. A pesar de que los asesinatos disminuyeron en Guerrero (-5.8%) y Chihuahua (-12.6), estos estados se mantienen dentro de los cinco más letales. Por su parte, Morelos (-22.1%) y Sinaloa (-19.4%) mostraron una reducción más estable de sus asesinatos.

Y, ¿cuáles son los estados en donde más crecieron y disminuyeron los homicidios?

Las entidades con mayor incremento de sus tasas de homicidio de manera significativa son: Baja California (+338%), Baja California Sur (+286.5%), Tabasco (+281.6%), Guanajuato (+224.8%), Zacatecas (+183%), Quintana Roo (+159.8%), Hidalgo (+149.6%), Oaxaca (+106.3%), Tlaxcala (+98.2%) y Colima (+97.7%).

Por otro lado, hubo entidades en las cuales se redujo la violencia letal. El caso más destacable es sin duda Durango, entidad que mostró una reducción en cada uno de los años del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). En este periodo se logró reducir la violencia en Durango en 72%. Otras entidades que lograron disminuir el número de homicidios dolosos en sus territorios son: Coahuila (-70.9%), Nuevo León (-48.1%), Morelos (-22.1%), Tamaulipas (-20.5%), Sinaloa (-19.4%) y Chihuahua (-12.6%).

Si bien algunos estados lograron reducir los homicidios a lo largo de los últimos seis años, desafortunadamente son más las entidades que tuvieron repuntes. Si hacemos un balance nacional, la situación de violencia en términos de asesinatos empeoró en 29.7%, dejando una tasa nacional de homicidio doloso de 23.8 por 100 mil habitantes.

La dimensión local

La situación estatal en materia de seguridad da mucho de qué hablar, pero también los municipios aportan mucha información valiosa. Al término de la administración de Enrique Peña Nieto, los municipios con población por arriba de los 10 mil habitantes y con las mayores tasas de homicidios dolosos fueron Armería (COL), Coquimatlán (COL), Pueblo Nuevo (GTO), Tecomán (COL) y Tijuana (BC).

Cabe remarcar que las entidades con el mayor número de municipios que están dentro del listado de los 100 municipios con mayores tasas de homicidios son: Guanajuato (16), Guerrero (14), Chihuahua (9), Michoacán (8), Zacatecas (7), Morelos (6), Oaxaca (5), Colima (4), Veracruz (4).

Al comparar los municipios con las tasas más altas al final de la administración de Enrique Peña Nieto con los municipios con las tasas más altas al final del sexenio de Felipe Calderón encontramos lo siguiente:

1) Las tasas de los municipios con más violencia homicida durante el sexenio de Calderón fueron más altas que las tasas de los municipios más letales bajo el gobierno de Peña Nieto. Esta observación y un análisis más detallado de los municipios revelan que la violencia homicida era más alta y estaba más concentrada en menos municipios durante el gobierno de Calderón. En cambio, con Peña Nieto, la violencia letal fue menos extrema pero hubo más municipios con tasas altas de homicidios dolosos.

2) La distribución territorial de la violencia homicida cambió. Es decir, al final del sexenio de Calderón los municipios con mayor violencia homicida se encontraban particularmente en la zona al norte del país (Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa) y en Guerrero. En cambio, con Peña Nieto el foco de violencia letal se desplazó hacia entidades como Colima, Guanajuato y Oaxaca, aunque prevaleció en menor medida en Chihuahua y Guerrero.

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El sexenio de Enrique Peña Nieto terminó dejando un sabor amargo debido al incremento en el número de homicidios y la incapacidad de reducir la violencia que afecta al país. El número de homicidios creció a nivel nacional y estos se distribuyeron en municipios de entidades que a finales del sexenio del presidente Calderón también enfrentaban una crisis de inseguridad, como Chihuahua, Guerrero y Michoacán. Además, los homicidios se expandieron a otros estados que en el sexenio anterior no presentaron graves problemas de violencia letal, como Baja California, Colima y Guanajuato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sin duda un reto muy grande de frente, el cual plantea atender con la Guardia Nacional y el desarrollo de programas sociales. Sin embargo, la crisis de homicidios que vive el país requiere de intervenciones puntuales y eficaces, así como el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, que atiendan las causas directas de la violencia letal.

Asimismo, se requieren información y datos de calidad que ayuden a desarrollar mejores diagnósticos y, en un futuro, permitan evaluar las políticas implementadas. Un punto central es promover el uso de la información recabada por las policías sobre víctimas, agresores y contextos para diseñar intervenciones hechas a la medida y contribuir al proceso de investigación.

No podemos perder otros seis años en medidas improvisadas, sin resultados contundentes.

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