Desde México Evalúa expresamos nuestra preocupación acerca de la iniciativa de reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex) propuesta el pasado 9 de enero por el grupo parlamentario de Morena y turnada a esa Comisión. La iniciativa incrementa la interferencia política en los procesos de toma de decisión y reduce los contrapesos al interior de la empresa, lo que tendría consecuencias negativas para Pemex, la sociedad y el país.

México Evalúa hace un llamado a los legisladores para que abran la discusión de la propuesta actual de manera pública y plural.  Si una de las prioridades de esta administración es fortalecer a Pemex, el foco de la discusión debe estar en cómo hacerla sostenible, mejorar su gobernabilidad y generar un ambiente de control en el que se salvaguarde su integridad tomando en cuenta la opinión de representantes sociales y especialistas en el sector.

Por el contrario, observamos que dicha iniciativa modifica sustancialmente los objetivos y la conformación del órgano de gobierno de Pemex, concentra las decisiones en una sola figura de forma personal, afecta a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y excluye a la sociedad en los procesos de toma de decisiones.

Esta propuesta de reforma al marco jurídico ya tuvo su primer efecto contraproducente y no es menor: Fitch Ratings al bajar la calificación crediticia de Pemex señaló el riesgo que representa esta propuesta legislativa, ya que incrementa el poder que ejerce el Ejecutivo sobre la compañía, debilitando así su Gobierno Corporativo.

Esta baja en la calificación crediticia tiene importantes implicaciones para el futuro de Pemex y de nuestro país. Primero, significa que Pemex tendrá que destinar más recursos al pago de la deuda, en vez de destinarlo a inversión para mejorar su producción y su productividad. Para 2019 se estima que Pemex necesita invertir en exploración y producción 14 mil millones de dólares, pero también, debe pagar 5 mil 400 millones de deuda. El gobierno destinó 10 mil 500 millones de pesos en el presupuesto, por lo que es claro que no se pueden alcanzar los objetivos con los recursos públicos disponibles.

Además, el debilitamiento de la empresa afecta directamente la economía nacional por la relevancia que tiene en la misma. Para 2018, Pemex aportó el 14% de las finanzas públicas y fue una de las mayores empleadoras de México con 128 mil trabajadores; fue la empresa petrolera que contribuyó con más impuestos y la mayor parte de sus ingresos los aportó para que fueran distribuidos por el Estado en servicios públicos.

Por ello y debido a que se trata de una materia de interés público y social, urgimos a que se haga un análisis riguroso sobre el papel que debe tener Pemex como empresa estatal, así como de las características que fortalecerán su gobierno interno.

Los tres principales aspectos que nos preocupan de la propuesta actual son los siguientes:

1)        Endebles contrapesos y equilibrios internos. Una excesiva centralización del poder y proceso de toma de decisiones en la figura del Director de Pemex podría eliminar contrapesos y equilibrios internos en Pemex que son necesarios para la deliberación sobre asuntos con importantes impactos económicos, sociales, y medio ambientales, en detrimento de la transparencia e invita a la discrecionalidad y la corrupción en una sola figura Un debilitamiento de la función estratégica del Consejo de Administración podría anular de facto la estructura y funcionamiento de gobierno corporativo de la empresa cuya principal tarea es identificar y gestionar riesgos en función de los objetivos de máximo valor para la empresa.

2)        Genera incertidumbre sobre sus objetivos. La incorporación de los principios de soberanía y seguridad energética como objetivos que debe perseguir Pemex generarían una gran incertidumbre jurídica respecto del papel de la empresa en el modelo energético actual, pues se contrapone al mandato legal de la Secretaría de Energía de regir la política energética del país. Además, estos principios podrían contraponerse con el mandato constitucional de creación de valor económico e incrementar los ingresos de la nación con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Mandato que tiene como fin último generar beneficios a la sociedad.

3)        Vulnerabilidad ante los ciclos políticos. La introducción de elementos que fortalecen la interferencia política podría desincentivar la promoción de la transparencia y la mejora de mecanismos internos para combatir la corrupción y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. Darle al director general facultades para modificar el Plan de Negocios por razones políticas, emitir lineamientos para el otorgamiento de pagos extraordinarios, donativos y donaciones; o regular la operación del sistema de información pública sobre sus proveedores y contratistas –todos ellos elementos contenidos en la iniciativa- podría incrementar el riesgo de corrupción y disminuir el apego a los principios de transparencia y competencia que establece la Constitución.

Es nuestra convicción que Pemex requiere fortalecerse para generar confianza en todos los ámbitos de su funcionamiento. Un modelo adecuado de buen gobierno para esta empresa productiva del Estado es asunto de todos los mexicanos. Por ello, insistimos en que se requiere que las propuestas de modificación al marco jurídico se realicen en un diálogo abierto y nacional.

Cualquier pregunta o duda estamos a sus órdenes.

Saludos cordiales,

María Fernanda Ballesteros, coordinadora de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa

T: 59850252 Ext.118

M: fernanda.ballesteros@mexicoevalua.org

Ana Lilia Moreno, investigadora de Regulación y Competencia Económica

T: 59850252 Ext.113

M: ana.moreno@mexicoevalua.org