Laurence Pantin (@lpantin ) y Gustavo Marín (@drummeryisus) | Animal Político

Se abrió la temporada de fichaje en el Consejo de la Judicatura Federal. Cinco de sus siete integrantes serán renovados este año, además de su Presidente, quien también encabeza la Suprema Corte y fue sustituido por sus pares ministros hace unas semanas.

Le toca a la misma Corte designar al primero de ellos en febrero. Los candidatos tuvieron hasta el pasado viernes para presentar su solicitud para ser considerados para el puesto. En septiembre, será el turno del Senado de la República de nombrar a dos Consejeros. Y en noviembre, otro será escogido por el Presidente de la República y uno más por la Corte. Es decir, para finales del año, el Consejo de la Judicatura Federal tendrá una alineación casi completamente nueva.

Si bien los procesos de selección de ministros de la Suprema Corte, como el Super Bowl, generalmente suscitan mucho interés (y a veces hasta pasiones), los de los Consejeros de la Judicatura, como la liga estudiantil, se llevan menos reflectores. Sin embargo, no deberíamos dejarlos pasar desapercibidos.

Las responsabilidades del Consejo de la Judicatura Federal no son menores, pues tiene como misión administrar los recursos financieros y humanos del Poder Judicial Federal -con excepción de la Suprema Corte-, instrumentar la carrera judicial (organizar los procesos de designación, capacitación, evaluación, promoción y sanción de jueces, magistrados y otros funcionarios del poder judicial), así como implementar la política de transparencia y rendición de cuentas de la institución.

Estos asuntos pueden parecer muy técnicos y hasta secundarios, pero en realidad de la manera en que se van resolviendo depende la calidad, la efectividad y la imparcialidad de la impartición de justicia.

Sólo basta evocar la decisión de cancelar un concurso de oposición para designar a jueces que tuvo que tomar el mismo Consejo el año pasado, después de que trascendiera que los reactivos de uno de los exámenes habían sido robados y vendidos a algunos de los candidatos. O el escándalo que representó el hallazgo el año anterior de una gran cantidad de dinero en efectivo en la cajuela del vehículo que utilizaba el entonces director de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, responsable de adjudicar contratos de obra pública por más de 5 mil millones de pesos.

Frente a estos y otros cuestionamientos, se necesita más que nunca un Consejo de la Judicatura capaz de restaurar la legitimidad del Poder Judicial Federal, tanto frente a sus propios integrantes como a una ciudadanía que desconfía de sus jueces[1].

Para ello, los procesos de selección que vienen serán fundamentales.

Por definición, los Consejos de la Judicatura en todo el mundo son órganos colegiados cuya conformación varía por país e incluso al interior de los mismos cuando existen estas instancias a nivel subnacional. Sin embargo, una constante es la preocupación por lograr el mejor equilibrio posible entre integrantes del Poder Judicial y personas externas.

Dicho de otro modo: para que el equipo jale de la manera más óptima, tiene que contar tanto con ofensiva como defensiva. Por ello, en México se prevé que, más allá del Presidente, tres de los Consejeros -los que nombra la Suprema Corte- sean jueces o magistrados, mientras que los otros tres -nombrados por el Senado y por el Ejecutivo- no tienen obligación de pertenecer a la carrera judicial.

La idea es que el Consejo de la Judicatura concentre en su seno pesos y contrapesos. Debe garantizar la independencia de la justicia -y también su eficiencia, por supuesto- sin ser ajeno a la rendición de cuentas.

Por ello, la iniciativa presentada por senadores del PT para reformar el proceso de designación de los Consejeros de la Judicatura de tal modo que el Senado se encargue de seleccionar a los siete consejeros de entre jueces y magistrados, nos parece problemática, pues equivaldría a intentar ganar un partido alineando pura ofensiva[2].

No existe mejor ilustración de la necesidad de contar con un equipo diverso que el estudio tan valioso y valiente que realizó el Consejero Felipe Borrego, externo a la carrera judicial, sobre las redes familiares al interior del Poder Judicial Federal. Difícilmente hubiera podido llevar a cabo un esfuerzo de esta naturaleza un Consejero que tuviera que volver a su puesto de juez o magistrado y confrontarse con sus pares, cuando se acabe su encargo.

Ahora bien, ¿qué perfiles de Consejeros se necesitan?

De acuerdo con la Constitución, todos deben cumplir con los mismos requisitos que los ministros de la Suprema Corte[3], además de “ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades”.

El que está a punto de designar la Suprema Corte (junto con otro que ésta nombrará en noviembre) debe ser integrante de la carrera judicial y ostentar “reconocimiento en el ámbito judicial”.

Pero en el contexto actual, no solamente bastará que sea un excelente juzgador, ni uno intachable. Deberá ser un juez o magistrado lúcido sobre los retos que enfrenta el Poder Judicial Federal, consciente del déficit de legitimidad que padece y de la necesidad de acercar la justicia a la sociedad. En resumidas cuentas, se necesita no solamente un jugador con óptima condición física o una técnica impecable, sino uno que sepa jugar en equipo.

Con respecto a los otros tres nombramientos por venir este año, que le corresponderán al Senado y al Ejecutivo, consideramos que los perfiles idóneos deberían de tener habilidades complementarias a las de los integrantes de la carrera judicial, como formación y experiencia en administración, licitaciones públicas o combate a la corrupción, por ejemplo[4].

Más que nunca, no puede haber error en la conformación del Consejo de la Judicatura Federal. Y así como analizamos y discutimos la alineación de nuestro equipo favorito, más vale que le prestemos algo de atención a la del Consejo.

Los autores agradecen los comentarios de Diana Mejía, Pedro Iniesta, Miguel Cedillo y Mariana Villalobos.

[1] De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, cerca de 45% de los mexicanos confía poco o nada en los jueces.

[2] Es importante reconocer que otro eje de dicha iniciativa consiste en separar la presidencia del SCJN y CJF, lo cual nos parecería positivo, por ser acorde a mejores prácticas y recomendaciones internacionales, como la de la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados (Asamblea General de la ONU. 18 de abril de 2011. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, A/HRC/17/30/Add.3. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10052.pdf?view=1).

[3] Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de 35 años cumplidos, con título de Licenciado en derecho obtenido con 10 años de anterioridad, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año, haber residido en el país durante los dos años anteriores y no haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.

[4] Al respecto, llama la atención que todos los Consejeros de la Judicatura tengan que cumplir con el requisito de tener una licenciatura en derecho, cuando el corazón de las tareas del Consejo es de naturaleza administrativa. Si bien se entiende este requisito para los Consejeros que son jueces y magistrados, consideramos que los demás consejeros no deberían tener esta limitante. Esto, sin prejuzgar la posibilidad de que existan buenos administradores que tengan una licenciatura en derecho.