María Novoa@marianovoacv | El Sol de México

A tan solo mes y medio de haber iniciado su Administración, el Gobierno federal ha sido claro con su apuesta: una agenda de justicia penal que augura más retrocesos que avances. Lejos de ser aprovechado para avanzar cambios positivos que atiendan las deficiencias actuales, el capital político que hoy respalda al presidente ha fungido como un cheque en blanco para promover estrategias que ya han demostrado ser un fracaso.

Sobre el diagnóstico actual del país en materia de seguridad y justicia poco se discute. Sabemos que hacer frente a los fenómenos criminales que nos aquejan y a la crisis humanitaria por la que atravesamos requiere, cuando menos, voluntad e inteligencia, pero los elementos que configuran la propuesta del Gobierno federal -la promesa del perdón, la Guardia Nacional, ampliar el uso de la prisión oficiosa y el nombramiento de un Fiscal carnal- nos alejan de cualquier anhelo de acceso a la justicia y nos orientan hacia una contrarreforma explícita al camino de construcción institucional que emprendimos a cuestas hace ya una década.

Desde su campaña electoral, el presidente anunció una promesa de ‘borrón y cuenta nueva’, sugiriendo impunidad en los crímenes cometidos en el pasado. Hoy, esta decisión deja entrever la discutible autonomía de la Fiscalía General de la República, además de cimbrar desde lo más hondo las condiciones para entablar cualquier mecanismo de justicia transicional.

Semanas después de asumir la presidencia, López Obrador anunció una propuesta para crear una Guardia Nacional, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 16 de enero con un gran componente de orden, disciplina, estrategia y presupuesto militar. La creación de este cuerpo destinado a labores de seguridad pública implicar que las policías contempladas en el sistema de justicia acusatorio como el primer eslabón, en su rol de primeros respondientes y posteriormente de investigadores, podrían ser suplidas por personal de la Guardia.

El impacto no es menor: representa una distorsión contundente a la construcción de un sistema de justicia integral. No únicamente por lo relacionado con las policías en su función de primeros respondientes y de investigación, sino también con los fiscales y ministerios públicos como persecutores, ya que la Guardia podrá desarrollar todas estas labores. ¿Qué sucederá entonces con el fortalecimiento y la transformación de las fiscalías si la investigación y persecución criminal se le encomendará también a la Guardia Nacional?

En paralelo, el debate sobre la ampliación del uso de la prisión preventiva oficiosa volvió a cobrar fuerza y será definido en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. Impulsar esta medida solo exhibe un profundo desconocimiento o animadversión del sistema de justicia actual. Su aprobación incentivaría la ineficiencia ministerial y revertiría los avances en materia de presunción de inocencia logrados hasta ahora.

El 18 de enero fuimos testigos de la designación fast-track del Fiscal General, con un perfil cercano al Ejecutivo federal y un indiscutible desconocimiento sobre el sistema acusatorio. El proceso de designación y el perfil seleccionado despiertan serias dudas sobre el rumbo que llevará esta institución. Habrá que seguir de cerca el proceso de transición y exigir el desarrollo de capacidades y la transformación real del modelo de procuración vigente, así como vigilar la concreción de las reformas pendientes.

La distorsión y afrenta a la consolidación del sistema de justicia penal es clara. Aunque la principal amenaza de contrarreforma se advertía en la operación del sistema, en tan sólo mes y medio se presentaron iniciativas contrarias al modelo acusatorio, incluso de orden constitucional. La evidencia sugiere que, de conjuntarse todas las medidas descritas, estaremos ante un fracaso anunciado.

La pregunta es cómo desarrollar el sistema de justicia penal al que aspiramos, garante de derechos, si los esfuerzos apuntan a reinstalar un modelo inquisitivo que considerábamos en vías de extinción. Cómo garantizar seguridad humana en condiciones de paz sostenible y cómo atender las legítimas e impostergables demandas de verdad, justicia y reparación. Las respuestas requieren, sin duda, una visión de largo aliento que pase por la construcción de instituciones y la apertura al diálogo.