Fernanda Ballesteros / El Sol de México

López Obrador ha señalado que la transparencia es la regla de oro de su gobierno, pero en materia energética, y en particular en Pemex y CFE (empresas productivas del Estado EPE) preocupa la forma cómo se difunden las decisiones estratégicas, así como las consecuencias e imprevistos que resultan de estas decisiones. El derecho a saber de los ciudadanos sobre las acciones de sus gobernantes es un elemento fundamental de la rendición de cuentas y gobernanza democrática.

Además, en el caso de las EPE, la transparencia puede ayudar a que estas empresas generen mayor valor, pues la claridad contribuye a informar y dar confianza a potenciales socios comerciales, inversionistas y ciudadanos, usuarios de los servicios que prestan y últimos dueños de la empresa. Por ello, es indispensable tener una política de transparencia y difusión de información, y que ésta sea de calidad, esto es, accesible, oportuna, completa y confiable. La concepción de transparencia de AMLO parece privilegiar los primeros dos principios, pero se olvida de los últimos dos.

En el acuerdo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con Hydro-Quebec, por ejemplo, el Presidente de la República emitió un mensaje durante la reunión con funcionarios de la empresa estatal canadiense. Se dirigió a  la población para informar sobre un “acuerdo de cooperación entre México y Canadá”. El mensaje fue oportuno y accesible para la población, pero no hubo claridad ni en lo más elemental: ¿se trata en realidad de un acuerdo de cooperación entre dos países o un acuerdo de coinversión de dos empresas? Este tipo de acciones desinforma, y además, genera una gran incertidumbre sobre decisiones estratégicas de CFE.

De la misma forma, la imprecisión y los vacíos de información que se han generado respecto al plan del huachicol y el desabasto de gasolina han provocado una gran incertidumbre entre consumidores y la población en general. Los comunicados que ha emitido Pemex como consecuencia del desabasto no son claros respecto al problema que se ha generado y cuáles serán las medidas para repararlo. Lo más que han llegado a decir es que “se reanudará el abasto lo antes posible”, sin dar ninguna otra pista de cómo o cuándo.

La situación de incertidumbre que se vive respecto al actuar de Pemex y CFE se agrava porque, además de la poca transparencia, no se respetan las atribuciones de los distintos órganos de gobierno de la empresa y del sector. Pemex y CFE atienden a lo que el titular del Ejecutivo les ordena, sin importar su autonomía, ni su mandato de generar mayor valor para la empresa. Tanto los cambios logísticos de Pemex, como grandes proyectos de coinversión en CFE son parte de decisiones estratégicas que deberían ser tomados por los Consejos de Administración e implementados por sus Directores. La función del Estado como dueño es otra y los diferentes controles y contrapesos regulatorios, de supervisión y evaluación deben ayudar a que el Estado se asegure de que los órganos de Pemex estén cumpliendo.

Ojalá el Presidente, a partir de los problemas a los que se ha enfrentado hasta ahora con las EPE, reconozca que la complejidad del sector amerita una estructura administrativa especializada, que sigue una lógica distinta al centralismo –ése que él mismo demuestra una y otra vez en sus decisiones-. La consecuencia de esta lógica centralista está poniendo en riesgo la seguridad energética de los mexicanos, principal objetivo de la política energética.