Cansados del derroche en las administraciones anteriores, la mayor parte de los electores votó por el proyecto de nación que prometió la austeridad republicana en el gobierno. Después de años de excesos inaceptables, no quedaba duda de lo prudente que es mesurar el gasto.

Si bien la nueva administración ha propueto una Ley de Austeridad Republicana, el fracaso en materia de austeridad no se debe a la falta de legislación. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente tiene un capítulo de austeridad, que ya mandataba, desde hace cuatro años, que ningún servidor público podía ganar más que el presidente. Nunca se implementó.

En la prática no se ha podido construir un sistema sin la ‘arbitrariedad’ con la que se han manejado los recursos públicos. Ésta no sólo nos llevó a gastar ‘mal’, también nos causó un problema mucho más complejo: la falta de capacidad para gastar bien.

Gastar bien requiere capacidades institucionales y éstas se obtienen a través de la calidad del diseño de los procesos, las buenas prácticas que se adoptan, la profesionalización del servicio público, y de la talla de los instrumentos que auxilian la toma de decisión. Por ejemplo, todos sabemos que la competencia por los contratos es muy baja: no sólo se adjudican muchos contratos de manera directa, sino que las licitaciones tampoco presentan buenos indicadores de competencia; llegan pocas propuestas o se descalifica a la mayor parte de las mismas. Son pocas las proposiciones que terminan compitiendo efectivamente.

Ante estos retos, la Ley de Austeridad no trae la mejor solución. Me parece errado el espíritu que se le busca dar a este cuerpo normativo. Varias disposiciones proponen elevar a ley “metas” administrativas. Por ejemplo, se propone que al menos se contrate 70% del presupuesto de contratación a través de licitación. También se propone que las dependencias sólo tengan tres asesores, o que sólo la oficialía de Hacienda pueda hacer compras públicas. Estas disposiciones legales pueden ser una camisa de fuerza para la operación de los servicios públicos, pero si se establecen como metas administrativas, se desarrollan las capacidades para alcanzarlas y se someten a una buena rutina de monitoreo transparente y, en su caso, sanción por incumplimiento, podrían ser más funcionales. Hacer y publicitar un ranqueo de dependencias federales por nivel de cumplimiento de metas de austeridad podría incentivar su cumplimiento.

Más que legislar la austeridad, es necesario administrarla.

El discurso actual de la austeridad sugiere que el aparato gubernamental es un ‘mal’ y no una herramieta al servicio de los ciudadanos. Es entendible el por qué de esta percepción. Pero la austeridad no es el fin último, por más enojados que estemos y por más ganas de castigar que tengamos, la solución no está en estrangular la operación de la administración pública al desarticular sus procesos, reduciendo facultades y estructuras al por mayor. Requerimos instituciones funcionales para hacer valer los derechos de los mexicanos.