Luis Rubio / Reforma

México requiere un cambio de régimen, tal como lo demandó la ciudadanía y ofreció el presidente López Obrador. Pero no cualquier cambio sería adecuado.

Por segunda vez en unas cuantas décadas, los mexicanos nos encontramos ante la oportunidad de modificar el régimen y construir uno que responda a las necesidades de la ciudadanía, impida el abuso por parte de los gobernantes -presentes y futuros- y garantice la estabilidad. La primera oportunidad la tuvo Vicente Fox en sus manos, pero no tuvo la visión ni la capacidad para asirla. Ahora, las circunstancias han creado una nueva, quizá última, oportunidad para institucionalizar al país y verdaderamente transformarlo. La pregunta es si AMLO promoverá una transformación hacia la institucionalización o hacia el autoritarismo.

La pregunta clave es qué quiere decir eso de cambiar al régimen. No se trata de un juego de palabras: para unos, el régimen es la persona, en tanto que para otros se refiere a la naturaleza de los proyectos que habrá de impulsar el nuevo gobierno. En realidad, el régimen es algo muy distinto y mucho más fundamental: se trata de la forma en que se organiza una sociedad para gobernarse.

Una cosa es el sistema político, otra muy distinta la naturaleza del régimen. La mayoría de las naciones europeas se gobierna por medio de un parlamento que reduce al sistema a dos poderes (legislativo unido al ejecutivo y judicial), en tanto que el sistema presidencial se fundamenta en poderes separados con un presidente encabezando al ejecutivo. El régimen es distinto al sistema de gobierno: es la forma en que se relacionan los ciudadanos con el sistema político, así como los mecanismos que permiten interactuar a los diversos componentes del sistema.

Los países desarrollados cuentan con mecanismos formales e informales que constituyen contrapesos para que ningún componente del sistema abuse o se imponga sobre los otros. Desde luego, cada nación tiene sus características propias, producto de su historia y experiencia. De esta manera, una enmienda constitucional en Dinamarca, por citar un ejemplo paradigmático, puede tomar años porque requiere tres votos del parlamento y al menos una elección de por medio. En Inglaterra no existe una constitución escrita, pero existe un tribunal constitucional que dirime diferencias entre poderes y aboga por los derechos ciudadanos. Francia se caracteriza por un sistema híbrido, con una presidencia fuerte y un parlamento con su primer ministro. Cada país es distinto, pero el común denominador de todos los desarrollados es que cuentan con mecanismos institucionales e instituciones formales que obligan a los distintos componentes a negociar, interactuar y seguir procedimientos transparentes en la toma de decisiones.

Esos mecanismos son la esencia del régimen de cada país porque constituyen la forma en que quedan protegidos -o desprotegidos- los ciudadanos. Un ejemplo dice más que mil palabras: en un país desarrollado, ningún gobierno puede expropiar a una empresa sin causa justificada, además de que su decisión está sujeta a procesos judiciales. Esos mecanismos están diseñados para que ningún funcionario gubernamental pueda abusar de sus facultades en detrimento de un ciudadano, lo que le confiere certidumbre a la ciudadanía. Si el presidente Trump grita o se enoja, el americano promedio no sufre consecuencias en su vida cotidiana. En nuestro caso, si un presidente decide una expropiación y al día siguiente cambia la ley para justificarla, ex post facto, el ciudadano queda absolutamente indefenso. Algo similar ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que tiene sin tener que dar explicaciones, provocando con ello una devaluación, misma que afecta todo en la sociedad de manera inmediata, al subir los precios y las rentas. Eso no puede ocurrir en un régimen institucionalizado con contrapesos efectivos, que es condición necesaria para el desarrollo.

El régimen emanado de la Revolución consistió en un sistema político centrado en el presidente, en torno al cual todo funcionaba. Ese sistema pervive y ahora no sólo en la práctica, sino incluso en los abrumadores números legislativos que acompañan al nuevo presidente. Con ese poder, el presidente López Obrador podrá transformar al país; la pregunta es si lo hará para polarizar a la ciudadanía o para construir el régimen del siglo XXI, uno que empate con las necesidades de la ciudadanía y de la economía, o si lo hará para consolidar su propio poder y el de su grupo político.

En 2000, Fox despilfarró la oportunidad de intercambiar la institucionalización del país por hacer tabla rasa del pasado: las condiciones eran perfectas para lograrlo porque los priistas estaban aterrados de que el nuevo presidente arrasara con ellos. Algo no muy distinto ocurre hoy: todo el país está a la expectativa, deseoso de construir un futuro distinto. Todo está alineado para construir un nuevo régimen, moderno y con miras a sumar a toda la población hacia un mejor futuro. Es la oportunidad para romper con los sindicatos que impiden el desarrollo de la población y los monopolios abusivos, con la falta de transparencia y con la corrupción. No habrá otra oportunidad. Ojalá AMLO no la desperdicie conduciendo al país hacia atrás.