David Ramírez de Garay / El Sol de México

Si a usted le preguntan si desea tener más seguridad en su delegación o en su entidad ¿qué contestaría? Si lo abordan en la calle y le cuestionan si es necesario que el Estado tenga mejores herramientas para combatir la criminalidad, ¿cuál sería su respuesta?

 Es difícil pensar que alguien pueda contestar de forma negativa a estas preguntas. Sobre todo en este país, cuyos ciudadanos llevamos más de 10 años en una crisis de inseguridad sin respuesta por parte de las autoridades.

Esto es básicamente lo que Andrés Manuel López Obrador planteó para zanjar el debate sobre la pertinencia de la guardia nacional: llevarlo a consulta el 21 de marzo de 2019. Me pregunto cuántos países han recurrido a una consulta para decidir sobre temas tan importantes como la seguridad.

Todo ciudadano desea vivir en un lugar seguro, eso es fácil de discernir. Lo que no es tan sencillo es la manera en que ese objetivo se puede lograr. Aquí es donde se necesita una perspectiva más amplia que va más allá de la necesidad de seguridad. A pesar de ser un fin deseable, puede implicar costos importantes. En temas de seguridad, los medios importan tanto o más que los objetivos.

En Estados Unidos de Norteamérica, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense tuvo que reaccionar con cambios importantes en su política de seguridad nacional. El principal instrumento de este cambio fue la Ley Patriótica o Patriot Act, que desde su creación fue muy criticada por diversos observadores y organismos internacionales porque vulneraba libertades y derechos individuales a cambio de ampliar la capacidad del Estado para combatir el terrorismo.

En 2016, Roberto Duterte ganó las elecciones presidenciales en Filipinas. Uno de los puntos más controversiales de su mandato ha sido la forma en que ha decidido enfrentar el tema del narcotráfico en su país. Una extrema política de mano dura que se ha valido de la pena de muerte y la Ley Marcial para combatir al narcotráfico y la injerencia de grupos terroristas. Este tipo de políticas, claramente violatorias de derechos humanos y de tratados internacionales, ha sido fuertemente condenada por organismos internacionales.

En los noventa, la ciudad de Nueva York estaba viviendo uno de sus peores momentos en términos de seguridad. La respuesta institucional estuvo liderada por un paquete de acciones que incluía la perspectiva de Ventanas Rotas o Broken Windows y la estrategia de Stop and Frisk. Esta última permite que los policías paren a cualquier ciudadano que se muestre sospechoso para realizar un registro físico en busca de armas u otro tipo de contrabando. Desde que esta práctica se comenzó a medir (2001), no se ha encontrado evidencia de que tenga algún efecto en la disminución de la incidencia, pero sí se ha verificado que la policía tiende a ejercer esta práctica con mayor frecuencia en la población latina y afroamericana.

Ahora pensemos en los contextos de inseguridad y crisis en los que estas tres medidas fueron aplicadas. ¿Qué habría pasado si su aplicación se hubiese sometido a consulta? Es difícil creer que no hubieran obtenido aprobación popular. No obstante, años después es claro que este tipo de soluciones no garantizan seguridad, pero sí implican costos importantes que las sociedades tienen que afrontar por muchos años. De ahí que, ante contextos de urgencia, convocar a una consulta popular para decidir la pertinencia de una política sea una falsa salida que puede derivar en un grave error.