• Desde el inicio de la actual legislatura, distintas fuerzas políticas han presentado diez iniciativas para reformar los Poderes Judiciales, en las que el colectivo de organizaciones #LoJustoEsQueSepas advierte deficiencias.
  • La falta de diagnósticos se manifiesta en propuestas que no son proporcionales o idóneas para garantizar independencia e imparcialidad, combatir la corrupción y el nepotismo o para promover la paridad de género.
  • La ausencia de un diálogo con actores potencialmente afectados por las reformas podría provocar resistencias y la inviabilidad de los cambios.

El colectivo #LoJustoEsQueSepas[1] considera que, si bien el reciente ímpetu legislativo por mejorar las condiciones de autonomía de los Poderes Judiciales es positivo, los detalles de las reformas propuestas por el Congreso de la Unión son preocupantes.

Desde el principio de esta legislatura, distintas fuerzas políticas han presentado diez iniciativas para reformar la Constitución federal o la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estas buscan garantizar la independencia e imparcialidad de los Poderes Judiciales federal y locales, erradicar la corrupción y el nepotismo en su interior, así como promover la paridad de género.

A la par de reconocer que para mejorar la calidad de la impartición de justicia es necesaria una reforma de los Poderes Judiciales congruente con principios y recomendaciones internacionales[2], el colectivo también estima que algunos factores podrían reducir la probabilidad de éxito de las iniciativas.

Primero, no se observa una relación de idoneidad o proporcionalidad entre las medidas planteadas y los fines que pretenden lograr. Consideramos necesario conocer los diagnósticos de los que parten y los problemas específicos que buscan atender.

Segundo, en contravención a las mejores prácticas internacionales y los principios de parlamento abierto, como el de participación ciudadana en las actividades legislativas y accesibilidad[3], estas iniciativas se desarrollaron sin el debido diálogo con los actores potencialmente afectados (funcionarios judiciales[4], usuarios del sistema de justicia) o con la academia y la sociedad civil. Lo último incrementa la necesidad de que en su discusión se garantice la participación ciudadana.

Dichos factores generan ciertos riesgos. Por un lado, en lugar de elevar la independencia judicial, como algunas de estas iniciativas lo plantean en su exposición de motivos, podrían derivar en su disminución. Por el otro, ante las prácticas informales y resistencias al cambio de algunos funcionarios judiciales, la implementación de estas reformas podría resultar inviable.

Por lo tanto, con el fin de promover los cambios necesarios para garantizar la independencia, imparcialidad, eficiencia y rendición de cuentas de los Poderes Judiciales y promover la paridad de género, el colectivo #LoJustoEsQueSepas hace un llamado a los legisladores para que:

1) cualquier iniciativa de reforma se base en diagnósticos con evidencia empírica;

2) en lugar de modificaciones aisladas y, conforme a principios de parlamento abierto, se garantice una reflexión profunda, conjunta y pública, que involucre a funcionarios judiciales, usuarios del sistema de justicia, académicos y representantes de la sociedad civil, asegurando que la ciudadanía cuente con todos los elementos de información y participación en la discusión y aprobación de éstas y futuras iniciativas.

Ante la magnitud de los problemas que enfrentan hoy los Poderes Judiciales, el Colectivo manifiesta su disposición a contribuir propuestas, análisis y recomendaciones para lograr las reformas que éstos necesitan.

Grupo de organizaciones que promueve la transparencia judicial, integrado por: EQUIS Justicia para la Mujeres (EQUIS), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México Evalúa, Borde Político, ControlaTuGobierno, A.C. y Fundar.
[2] Por ejemplo: Informe Especial en México de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Asamblea General de la ONU, 2011, 22 pp.; Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, Washington, CIDH-OEA, 2013, 118 pp.; Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, Asamblea General de la ONU, resoluciones 40/32, del 29 de noviembre de 1985 y 40/146, del 13 de diciembre de 1985; Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, sentencia de 30 de junio de 2009, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009.
[3] Ver: www.parlamentoabierto.mx/principios. Además, conforme al artículo 67, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, compete a las Cámaras del Congreso permitir la participación ciudadana en el proceso legislativo.
[4] De acuerdo con los “Principios, Recomendaciones y Guías” de la Red Europea de Consejos Judiciales (European Network of Councils for the Judiciary), los jueces y consejos de la judicatura deben estar estrechamente involucrados en la formación e implementación de todos los planes de reforma al poder judicial. Documento disponible en:www.ejtn.eu/Documents/encj_distillation_report_2004_2016.pdf