• Preocupa que se siga identificando al crimen organizado como el objetivo de la política seguridad, dejando de lado la criminalidad del fuero común.
  • Es indispensable contemplar en un plan de esta naturaleza la capacitación y el fortalecimiento de las actuales corporaciones de policía y del sistema de procuración de justicia.
  • La propuesta para crear la Guardia Nacional supone un retroceso a la luz del fallo de la SCJN respecto a la Ley de Seguridad Interior

En México Evalúa estamos convencidos de que una estrategia de seguridad debe partir del fortalecimiento de las capacidades locales, con diagnósticos precisos, basados en evidencia y con la participación de la sociedad civil. Bajo esta óptica, encontramos elementos preocupantes en el Plan Nacional de Paz y Seguridad propuesto por el presidente electo, mismos que dejan de lado la tarea de fortalecimiento institucional y ponen en riesgo incluso los aspectos positivos que plantea el propio documento.

Por un lado, celebramos que la estrategia presentada el pasado miércoles por Andrés Manuel López Obrador coloque en un lugar prioritario la dignificación de las condiciones de las personas privadas de su libertad, así como de la labor policial y de los ministerios públicos en términos de sueldos y salarios. También es positivo que la nueva administración destaque como un tema central el respeto a los derechos humanos, asumiendo un compromiso con sancionar incumplimientos a las recomendaciones de las comisiones Nacional y estatales en la materia.

Asimismo, es favorable la relevancia que se da a grandes pendientes como reformular el combate a las drogas, reconociendo las deficiencias del modelo actual, y la necesidad de promover el desarme y desmovilización de grupos delictivos. Sin embargo, en estos rubros no se amplían detalles de cómo se perseguirán estos objetivos o de posibles reformas necesarias.

A pesar de estos aspectos, en el corazón del debate se encuentra la preocupación por una estrategia que parece ignorar las necesidades locales, ofreciendo “soluciones” desde arriba que replican la agotada fórmula de la militarización de labores de seguridad pública. Así, preocupa que se siga identificando al crimen organizado como el objetivo de la política seguridad, dejando de lado la criminalidad del fuero común que tanto lastima la vida de los mexicanos.

Especialmente grave es que lo anterior no se acompañe de un planteamiento para la capacitación y el fortalecimiento de las actuales corporaciones de policía a nivel federal, estatal y municipal, ni al sistema de procuración de justicia. En cambio, se anuncia la conformación de una Guardia Nacional con elementos de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal. Adicionalmente, se propone que esta nueva corporación este dotada de la jerarquía y escalafón propios de las Fuerzas Armadas, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este último punto es de especial relevancia pues asegura el mando militar, y no el civil, en materia de seguridad pública.

Se plantea también que para atender a todo el país, se crearán consejos estatales. Advertimos en este modelo una amenaza a la autonomía y soberanía de los estados, que altera, de facto, el pacto federal.

En cuanto a la propuesta de regionalización, no es clara la metodología usada, ni la designación gradual de 100, 150 y finalmente 266 coordinaciones. Debe existir una metodología clara y transparente, basada en criterios territoriales formales para la argumentación regional.

En el tema de inteligencia policial, la estrategia menciona que se establecerán protocolos de intercambio de información y análisis entre áreas de inteligencia policial y criminal, de seguridad interior, pública y nacional. Sin embargo, el Plan de Paz y Seguridad no es claro en detallar dichos protocolos de intercambio, ni hace énfasis en la imperante necesidad de contar con información georreferenciada y bases de datos homologadas en temas de criminalidad a niveles municipal, estatal y federal. Desde México Evalúa hemos enfatizado la necesidad de transparentar y sistematizar dicha información.

Finalmente, vemos también un riesgo importante en la anunciada intención de modificar el Artículo 76 constitucional para facultar al Senado a crear la Guardia Nacional y quitar el candado que impedía a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad pública. Esto supone un retroceso, especialmente a la luz del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que este jueves calificó como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que había implicado cuestionamientos similares a los que ahora retoma el plan del próximo presidente.

Sin evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas contribuya a reducir los niveles de violencia, ¿por qué seguir apostando por la militarización del país? ¿Por qué no diseñar un plan que fortalezca, dignifique y profesionalice a nuestras corporaciones policiales?

Tanto los resultados de las estrategias de seguridad de los dos sexenios anteriores, incluido el que está por concluir, como la evidencia que arrojan estudios tanto nacionales como internacionales, parecen advertir que la ruta planteada por la próxima administración federal no nos llevará a la pacificación del país. Al contrario, implica un fuerte riesgo de sumar más violaciones de derechos humanos, profundizar el debilitamiento de nuestras instituciones policiales y acelerar la pérdida del control civil de la principal tarea del Estado: la preservación de la seguridad de sus habitantes.

Hacemos un llamado al presidente electo, a su equipo y a los legisladores para que se privilegie una visión de largo plazo en la seguridad pública, que dé prioridad a la generación de policías locales fuertes y profesionales. Ante la crisis de violencia, es un error apostar por un modelo que ya ha fracasado, en vez de invertir en el problema de fondo: la generación de capacidades de Estado.