Chrístel Rosales @Chris_Ros / Animal Político

¿Alguna vez has denunciado un delito? o ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? Si estás es uno de estos casos, es probable que tu experiencia confirme lo que nos dicen los datos. En México denunciar un delito implica riesgos: quedar desprotegido, no recibir atención adecuada y probablemente no acceder a la justicia. Esto nos habla, a su vez, de las deudas que tiene el Estado con las víctimas de este país. El creciente reconocimiento normativo hacia las víctimas y el entramado institucional dispuesto para su atención han quedado sólo en letra y ficción, pues quienes han sufrido algún crimen tienen que cargar adicionalmente con enfrentar a las autoridades y tener que probar su condición.

La justicia mexicana parece haber depositado en las víctimas el trabajo de la investigación e incluso la necesidad de litigar su reconocimiento. ¿Será que estamos bajo un nuevo esquema en donde no eres víctima hasta que demuestres lo contrario? Así parecen indicarlo los hallazgos del ejercicio de México Evalúa sobre los usuarios del sistema de justicia[1]. A través de una serie de entrevistas a víctimas del delito y a personas privadas de la libertad en los estados de Guanajuato y Querétaro, buscamos conocer su experiencia en el proceso penal y con base en ello saber si sus derechos fueron respetados.

Un primer hallazgo es que la existencia del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y del Sistema de Justicia Penal Acusatorio no han logrado garantizar los derechos de las víctimas en la práctica. El acercamiento con víctimas fue revelador y arroja una fotografía más precisa de lo que ya imaginábamos pero no dimensionábamos por falta de datos: las víctimas permanecen invisibles ante los ojos de la autoridad y la búsqueda por acceder a la justicia puede implicar enfrentar barreras adicionales.

El momento de la denuncia: Las víctimas se enfrentan con un rostro poco amigable de la autoridad.

  1. Cuando una víctima acude a denunciar lo hace principalmente con la expectativa de obtener justicia (31%) y para lograr que el delincuente reciba el castigo que merece (23%) aun cuando sabe que implica un proceso lento y complicado.

Sin embargo, una parte de las víctimas consideró no estar de acuerdo con la tipificación que se dio al hecho delictivo por parte de las autoridades; desde su perspectiva, la clasificación del delito no atendía de manera precisa la declaración de hechos realizada y el contexto expuesto. Esto implica un deterioro en la confianza de la víctima respecto a la posibilidad de un proceso objetivo. Para resolver esto, es indispensable entre otras herramientas, el uso de un lenguaje comprensible que le permita a la víctima asimilar las razones jurídicas de la clasificación del delito.

  1. Aun cuando las víctimas acuden a las autoridades, éstas no generan un registro confiable que permita conocer sus características, los hechos delictivos y posibilitar el seguimiento de sus casos. Lo que resulta alarmante al no poder conocer de cuántas víctimas estamos hablando ni la atención que se les ha brindado. La única aproximación bajo este lente, son los registros de las Comisiones de Víctimas que -en caso de existir- presentan un déficit respecto del número total, ya que para incorporarse las víctimas se ven obligadas a litigar su condición y cumplir con otro proceso igualmente demandante. En este sentido, es indispensable mejorar los registros de las instancias, con la finalidad de posibilitar el seguimiento de los casos, la detección de áreas de mejora y la rendición de cuentas sobre su gestión.

Seguimiento al proceso penal: Las víctimas no son acompañadas y asesoradas cabalmente durante el proceso.

  1. Un elemento importante atiende al derecho de las víctimas de recibir asesoría jurídica, ya que más allá de su afectación al momento del delito, la persona requiere defender sus intereses en el proceso por buscar justicia. Para ello, el Estado tiene la obligación de proporcionar asesores jurídicos gratuitos que le informen sobre sus derechos y le consulten sus decisiones. De lo observado, este derecho no se satisface a cabalidad, ya que 43% de las víctimas encuestadas en Guanajuato y 20% en Querétaro manifestaron no contar con un asesor jurídico y declararon que ninguna autoridad les informó sobre este derecho.
  2. Asimismo, es esencial que la víctima comprenda su proceso y tenga acceso a la carpeta de investigación, con apoyo de los asesores jurídicos. Sin embargo sólo 65% afirmaron comprender el proceso y 53% haber tenido acceso a la investigación, lo que les limita para intervenir activamente con la posibilidad de ofrecer pruebas, sugerir líneas de investigación y participar en las audiencias. Al respecto, se identifican dos elementos de análisis, por un lado la capacidad institucional para asignar un asesor jurídico gratuito y por el otro, asegurar un desempeño de calidad. Ambos son indispensables para lograr que la víctima se encuentre suficientemente informada y en consecuencia, pueda tomar decisiones sobre su proceso.

Protección y Atención: Las personas pueden ser revictimizadas durante el proceso y correr riesgos que no son adecuadamente prevenidos y/o contenidos.

  1. Sobre el derecho a la protección y atención, se observa que de las víctimas que acudieron a denunciar y presentaban alguna lesión física, afectación emocional o daño (77% de las entrevistadas) sólo 58% recibieron asistencia. Lo que indica que no se garantiza la atención médica y/o psicológica necesaria en un momento tan delicado.
  2. Otro elemento atiende a las medidas de protección: 4 de cada 10 víctimas declararon sentirse en riesgo o amenazadas durante el proceso y haber solicitado protección a la autoridad; sin embargo, no fue posible identificar que a todas las que lo solicitaron les hayan sido proporcionadas ni tampoco es posible afirmar que éstas hayan sido efectivas para prevenir o contener un potencial riesgo. Es necesario prever mecanismos de seguimiento que garanticen condiciones de seguridad para los denunciantes y posibles testigos.

Reparación Integral: La gran ausente.

  1. Es el derecho de las víctimas a ser reparadas por el daño que han sufrido[2], a través de medidas que garanticen el goce de sus derechos y supriman los efectos del delito en lo posible. Entre los entrevistados se advirtió un gran desconocimiento sobre la reparación, lo que permite inferir que no han recibido una asesoría adecuada y posiblemente tampoco una medida de reparación. En lo que refiere a las víctimas que se han inscrito al Registro Nacional (RENAVI), de acuerdo con datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas[3], entre 2014 y 2016 sólo 4% logró acceso a algún apoyo.

En un país en donde en uno de cada tres hogares habita una persona que ha sufrido algún delito[4], resulta prioritario que el gobierno federal electo y los gobiernos estatales se apoyen en los diagnósticos existentes respecto de la situación que enfrentan las víctimas en el país, a fin de asegurar que el entramado institucional y los recursos provistos para su atención operen efectivamente y no signifiquen trabas legales o burocráticas para acceder a la justicia. Hacerlo representará un paso firme en la reconstrucción de la legitimidad y confianza en el Estado.
[1] México Evalúa, Derechos de los usuarios en el sistema de justicia penal. Ejercicio Exploratorio, México, 2018. Es preciso advertir que los hallazgos identificados a partir del estudio son un acercamiento a la experiencia de los usuarios del sistema penal en los estados de Guanajuato y Querétaro, mas no es posible asumirlos con representatividad nacional. Para consulta directa en: https://www.mexicoevalua.org/2018/11/06/derechos-los-usuarios-en-sistema-justicia/

[2] Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Modelo Integral de Atención a Víctimas, México, 2015. Para consulta directa en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127943/MIAVed..pdf

[3] CEAV, Tercer informe de labores 2015-2016. Para consulta directa en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237697/TercerInforme_ante_el_SNAV_2015-2016.pdf

[4] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, México, 2018. Para consulta directa en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2018/