Laurence Pantin / El Sol de México 

Grandes cambios están por ocurrir en el Poder Judicial de la Ciudad de México y llama la atención la resistencia con la cual su propia jerarquía está recibiéndolos.

En efecto, el pasado lunes entraron en vigor algunas disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México y de la nueva Ley Orgánica de su Poder Judicial que modifican la conformación del Consejo de la Judicatura local. Sin embargo, dos controversias constitucionales presentadas en contra de estas disposiciones por el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la capital y su predecesor todavía están pendientes de resolución por parte de la Suprema Corte.

Hasta ahora, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad estaba encabezado por el presidente del Tribunal Superior (elegido por el pleno de magistrados) y lo integraban un magistrado y dos jueces elegidos por el mismo pleno, así como dos consejeros designados por el Legislativo y uno por el Ejecutivo.

La gran novedad con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones es que el presidente del Tribunal Superior ya no podrá encabezar el Consejo de la Judicatura, cuyos siete miembros serán nombrados por un Consejo Judicial Ciudadano. Sus 11 integrantes serán designados, a su vez, por el Congreso local, con base en propuestas de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

¿Cuáles son los argumentos del Poder Judicial de la Ciudad en contra de estos cambios?

Gran parte de las controversias se centra en el peligro que representa la “ciudadanización del sistema de justicia” y en el hecho de que “no puede haber autonomía judicial si, conforme a los lineamientos de creación y organización del Poder Judicial, se llega a permitir la intervención de cualquier persona, distinta del propio ámbito judicial”.

Otro argumento es que, al designar no solamente al Consejo Judicial Ciudadano, sino también a los magistrados, a partir de ternas presentadas por el Consejo de la Judicatura, el Legislativo interviene en el “origen y al final de la cadena de acontecimientos relativos a la designación de magistrados”. Por ello, las controversias manifiestan que este Poder llega a “efectuar funciones que atañen a las actividades soberanas que el mismo Poder Judicial debería resolver”.

Tomadas en abstracto, estas disposiciones pueden parecer, efectivamente, una indebida injerencia del Legislativo y de ciudadanos ajenos al Judicial en este Poder. Sin embargo, lo que los promotores de estas controversias parecen olvidar es el contexto en el cual surgieron las disposiciones que están por implementarse.

Recordemos que, en la actualidad, los magistrados capitalinos son elegidos por el Legislativo de entre una terna propuesta por el Ejecutivo. Sorprende que el Poder Judicial local nunca haya denunciado que este método de designación implique una interferencia en sus funciones soberanas y que considere la intervención ciudadana en el nombramiento del Consejo de la Judicatura como un mayor peligro para su independencia que la influencia política que ejercen hoy el Ejecutivo y el Legislativo.

Sobre todo, no debemos olvidar que estas modificaciones se van a implementar en un momento en el que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, el 58.2% de los habitantes de la Ciudad de México declara confiar poco o nada en los jueces.

En este contexto, sería deseable que el Poder Judicial de la Ciudad abrazara estos cambios como una oportunidad para mejorar su imagen. Porque, más allá del debate teórico, solamente los próximos meses nos dirán si estas disposiciones permiten darle mayor legitimidad.