La violencia letal en Chihuahua ha llegado a su punto máximo en los últimos tres años. En agosto de 2018, las carpetas de investigación por homicidios dolosos aumentaron en 89.9% respecto al mismo mes del año anterior, llegando así a 226 asesinatos.

 

Sin embargo, observando los datos notamos que este delito no se distribuye de manera homogénea en la entidad. El 65.5% de los homicidios cometidos en el estado ocurrieron en Ciudad Juárez, el 13.3% en la ciudad de Chihuahua y los demás homicidios se cometieron en los restantes 65 municipios.

 

¿Cómo ha afectado esta situación a los chihuahuenses? En principio, los habitantes de los municipios de Chihuahua y Juárez se sintieron más inseguros de vivir en sus ciudades en junio de este año respecto al mismo mes de 2016, al pasar esta cifra de 57.2% a 72%.

 

Y no es para menos, puesto que en estos dos municipios las victimas de homicidio han aumentado de manera considerable en los últimos años. Tan sólo en lo que va del 2018, el municipio de Juárez ya acumula 736 homicidios dolosos, cifra superior a los 642 asesinatos que fueron contabilizados en todo 2017.

 

Además, los habitantes del estado enfrentan cotidianamente situaciones de riesgo y conductas antisociales que influyen en su sensación de inseguridad. Más del 44.1% de los habitantes de Juárez y Chihuahua han atestiguado robos o asaltos y 36.3% señalaron haber escuchado disparos con armas de fuego en junio de 2018. Esta última situación de riesgo ha incrementado durante los últimos dos años.

 

 

También existe una percepción limitada de los habitantes sobre el desempeño de las instituciones. En junio de 2018, 45.2% de la población de estos dos municipios en Chihuahua considera que su policía municipal es eficiente, mientras que sólo 42.7% considera eficiente a la policía estatal.

 

En síntesis, la violencia se ha recrudecido en el estado de Chihuahua a pesar de diversas políticas de seguridad implementadas: el programa Todos Somos Juárez, la iniciativa FICOSEC —una alianza entre gobierno, empresarios y sociedad civil— y los avances del nuevo sistema penal acusatorio. Por tanto, hay que repensar cómo atender eficazmente la inseguridad desde lo local.