David Ramírez-de-Garay / El Sol de México

 

Vivir en México implica convivir con la tragedia. En la víspera de la celebración  del orgullo nacional, nos despertamos con una noticia estremecedora. En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco vecinos reportaron el abandono de un tráiler con 157 cuerpos. Cuatro días más tarde se haría pública la existencia de un tráiler similar en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sumando más de 300 restos humanos.

Lo primero que pasó por mi mente al escuchar la noticia fue que estaría relacionada con la salvaje logística que tienen los grupos criminales para deshacerse de sus víctimas. Pero no, en este caso se trataba de grupos legales que operan con nuestros impuestos. Resultó que los responsables del abandono son agentes de la Fiscalía General de Jalisco.

Tras difundirse esta información, comenzamos a ver la conocida rutina: enérgicas condenas, deslinde de responsabilidades y promesas de investigaciones puntuales. No obstante, la explicación no se puede reducir a la falta de espacio para resguardar “algo”, como se ha justificado en diversos medios. En cambio, constituye un acto violatorio de -al menos- la Ley General de Víctimas y la Ley General de Desaparición Forzada.

Los medios reportan que los cuerpos encontrados llevan entre tres y cuatro años sin clasificar. Es decir, tres o cuatro años sin cumplir la ley, sin recibir un trato digno, sin respeto hacia los familiares. Esto pasa en un país con 37,453 personas desaparecidas, según el último conteo en abril de 2018 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

Esto pasa en un país en donde el tema de las víctimas y los desaparecidos no es algo nuevo, pero todavía no ocupa el lugar que merece en la agenda nacional. Las luchas de los colectivos de víctimas y las organizaciones mexicanas y extranjeras que los han apoyado han resultado en una cada vez mayor visibilización del problema a nivel internacional, y en pequeños pasos institucionales a nivel nacional. De ahí que contemos con incipientes marcos legales y anémicas instituciones para la atención de víctimas. Sin embargo, hechos como el de Jalisco son una muestra más del grado que ha alcanzado la simulación institucionalizada por parte de las autoridades.

Este es el panorama que la próxima administración, bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador, tendrá que enfrentar. Más allá de los discursos que prometen un cambio de rumbo, se ha enviado una señal que las administraciones anteriores no quisieron emitir: es la hora de pensar en las víctimas. Los foros de acercamiento con víctimas y las reuniones que AMLO ha tenido con ellas, son un paso que no habíamos observado en ningún presidente electo.

El mensaje se ha colocado y es un buen punto de partida, pero las incógnitas y el reto todavía son enormes, empezando por el que implica desterrar la simulación y los bloqueos que están inhabilitando la implementación de lo marcado por la ley.

La política pública es la forma en que el Estado busca resolver problemas comunes. En México Evalúa le tomamos la palabra a los próximos gobernantes, para hacer de las víctimas y de las desapariciones un punto central de la agenda. Pero muy pronto necesitaremos algo más que símbolos; requeriremos diagnósticos, propuestas y discusiones informadas para atender la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con sus ciudadanos.