Fernanda Ballesteros / El Sol de México 

Desde las campañas por la presidencia, y ahora en la transición, hemos escuchado diferentes planes para las Empresas Productivas del Estado del sector energético (EPEs). La construcción de refinerías y la condonación del pago de luz son tan sólo dos ejemplos de los diversos planes que el presidente electo ha pronunciado para el futuro dePemex y CFE. Sin embargo, estas decisiones no competen de forma unilateral ni al Ejecutivo, ni a los Directores nombrados a cargo de estas empresas.

Como EPEs, Pemex y CFE cambiaron su estructura de gobierno en gran parte para buscar una mayor autonomía respecto del Ejecutivo y así evitar una indebida injerencia política que pudiera afectar sus intereses como empresa. Entre otros ajustes a sus órganos de gobierno, se creó un Consejo de Administración como máximo órgano del gobierno de la empresa quien toma las decisiones estratégicas y evalúa la labor del Director.

A pesar de que con este modelo de gobierno corporativo se pretendía otorgar autonomía operativa y presupuestaria a las EPEs, la realidad es que la influencia del Ejecutivo aún es muy grande. Cinco de los diez consejeros que conforman este órgano son personas nombradas por él, entre ellos los secretarios de Hacienda y Energía. Sin embargo, también está contemplada la figura de los consejeros independientes que son personas que no tienen una relación directa con la empresa, ni con el gobierno, que fueron nombrados por su experiencia y cualificaciones profesionales y cuyo mandato es transexenal.

Si bien estos consejeros no representan la mayoría de este cuerpo de decisión, su voto en el modelo actual es determinante. Para que las sesiones del Consejo sean válidas al menos deben contar con la presencia de dos de estos consejeros independientes, por lo que sin ellos no se pueden aprobar los proyectos que se presenten ante el Consejo.

Ante la entrada del nuevo gobierno será interesante saber si se mantiene el modelo de gobierno corporativo planteado para estas empresas, si se mejora para garantizar una verdadera autonomía operativa y presupuestal, o si se regresa a un modelo en el que no se distingue entre la función del Estado como dueño y como administrador de estas empresas, y por tanto, se vuelve más complicado decidir viendo por el interés de la empresa.

En caso de que no se hagan cambios legales o constitucionales que modifiquen el diseño de estas instituciones y “que se trabaje con lo que hay” como lo ha señalado la futura Secretaria de Energía, las decisiones tendrán que ser del Consejo de Administración, sustentadas con criterios técnicos para cumplir con el objetivo de estas empresas que es el de generar mayor valor económico.

En este modelo de gobernanza de las EPEs ¿qué podemos pedir los ciudadanos? Nos toca exigir que se transparenten las decisiones, que podamos saber cómo y por qué votaron los Consejeros,  dar seguimiento sobre las metas a alcanzar, cómo se están cumpliendo y qué están haciendo para que se cumplan. Las empresas productivas y en particular, su Consejo de Administración, deben crear los mecanismos para que esta rendición de cuentas a los ciudadanos se pueda dar de forma efectiva.

Puede ser que se decida que este no es el modelo de gobernanza o los objetivos que este gobierno quieren que estas empresas cumplan. Pero mientras no se cambie el modelo y objetivo establecido a nivel constitucional, en energía, la decisión es del Consejo de Administración.