Las organizaciones que integramos el Colectivo Peso, actualmente coordinado por México Evalúa, llevamos más de tres años -algunas en lo individual más- concibiendo e impulsando la consolidación de un verdadero Consejo Fiscal en México. Ha sido un camino largo.

El primer reto se presentó con las autoridades hacendarias federales, cuya resistencia ante un órgano evaluador de la política fiscal nunca se logró vencer. La actual Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) argumenta que no es necesario pues ya existe una Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, ya existe un Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados, y las calificadoras ya fungen como un contrapeso. No obstante, nunca explicó por qué, en la práctica, todos estos aspectos no contribuyeron a un manejo sano de las finanzas públicas. En la actual administración ha sido evidente el mal uso del endeudamiento: la deuda creció 10 puntos del PIB, pero se desplomó la inversión pública.

Los argumentos de SHCP no se sostienen. La Coparmex, la Barra Mexicana de Abogados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y el Colegio de Contadores han expresado públicamente la urgencia de contar con un Consejo Fiscal.  Más aún, el presidente electo y los futuros encargados de la SHCP han convertido al Consejo Fiscal en un compromiso de esta administración, afirmando que se incluirá en el próximo paquete económico 2019.

El segundo reto es el diseño de este Consejo. En un principio existieron fuertes diferencias de opinión sobre la adscripción de este órgano, si debe ser constitucionalmente autónomo o estar dentro del Poder Legislativo o el propio Ejecutivo. Al parecer, al día de hoy, la balanza se inclina hacia un órgano técnico apartidista adscrito al Legislativo, en congruencia con las facultades constitucionales que éste tiene en materia de finanzas públicas. Cabe aclarar que la futura administración también lo vislumbra dentro del Congreso.

En este contexto, la creación del Consejo Fiscal es más bien una evolución del actual Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), que, desde sus inicios, debió funcionar como un Consejo Fiscal de gran calado. No fue así porque desde su origen se limitó su mandato y alcance. Por ejemplo, actualmente el CEFP no tiene la capacidad de elaborar su propio plan anual de trabajo, no tiene la libertad para difundir sus análisis sin antes contar con autorización del Congreso, está regulado en estatutos en lugar de en una ley, y se le recorta el presupuesto continuamente. Su diseño no cumple con las buenas prácticas internacionales. Por lo tanto, su papel para generar costos políticos a la omisión y negligencia de los legisladores -que dejan desatendidos los problemas fiscales- es muy limitado.

Finalmente, el tercer reto tiene que ver con el método que se seleccione para diseñar al Consejo Fiscal. En mi opinión, éste tendría que ser participativo, en donde se incluyan a especialistas externos a la SHCP. Es decir, la discusión de las leyes que le darán vida debe obedecer los estándares de parlamento abierto (implica participación ciudadana, transparencia parlamentaria, control de conflictos de interés, entre otros). Tenemos que evitar cualquier tentación de que el nuevo Consejo Fiscal esté controlado políticamente o con un mandato de bajo perfil, como sucede actualmente.  

*Mariana Campos es coordinadora de presupuesto y rendición de cuentas en México Evalúa.