Laurence Pantin / El Sol de México

Candil de la calle, oscuridad de su casa. Este refrán parece aplicar al gobernador de Chihuahua.

En febrero Javier Corral denunciaba con vehemencia la instrumentalización del Poder Judicial federal por parte del Ejecutivo. Acusaba al primero de modificar la adscripción de un juez para que éste decidiera de manera favorable a los intereses del Gobierno federal en el caso del presunto desvío de recursos públicos por parte de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. El gobernador se autoproclamaba entonces defensor de la implementación de contrapesos al Ejecutivo federal.

No obstante, hace unos días salió a la luz el audio de una conservación telefónica donde el mismo gobernador le daba instrucciones a la magistrada Adela Jiménez para influenciar el proceso de selección de un nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia. Esto, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la remoción del titular del mismo Tribunal y su sustitución por el decano de los magistrados, derivadas de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por el Congreso local, cuya mayoría detenta el PAN, el partido del gobernador.

Dejando de lado el escándalo que debería representar la intervención ilegal de llamadas telefónicas, lo que demuestra este audio es que, incluso cuando es víctima de la falta de contrapesos a nivel federal, un gobernador siempre tendrá la tentación de dar la vuelta a los contrapesos que encuentre en su propio camino. Esta tentación es natural. Hasta Ulises se sabía débil cuando pidió a sus hombres atarlo al mástil de su barco antes de navegar cerca de la isla de las sirenas…

Sin embargo, como pocos gobernantes tienen la lucidez de Ulises, no podemos esperar que se aten las manos de manera voluntaria. Para esto sirven las instituciones fuertes y las reglas del juego claras.

Por ello, si queremos una justicia independiente, no podemos dejar que, como sucede hoy en 25 estados, el Ejecutivo intervenga en el nombramiento de los magistrados, quienes son responsables a su vez de elegir al presidente del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura. Si deben su designación al gobernador, es probable que se sientan en deuda con él y acepten tomarle llamadas como la que recibió la magistrada Jiménez.

De la mano con esto, se debe implementar una carrera judicial sólida, basada en concursos de oposición confiables, como los que rigen el Servicio Exterior Mexicano. Solamente así podremos asegurar que los juzgadores sean nombrados y promovidos con base en su conocimiento, competencia y honradez y dejar atrás prácticas de nepotismo, amiguismo o compra-venta ilegal de exámenes, como la que motivó en febrero la cancelación por parte del Consejo de la Judicatura Federal de un concurso interno para llenar vacantes de juez.

Finalmente, para consolidar los Poderes Judiciales estatales, debemos garantizar su autonomía financiera. En ese sentido van las propuestas que hacemos en el libro Léase si quiere gobernar (en serio), disponible en http://bit.ly/GobJudicial_LSQG.

En 2017, 44.9% de los mexicanos tenía poca o nada de confianza en los jueces, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). Si no queremos que cerca de la mitad de la población siga desconfiando de sus jueces, el fortalecimiento de los Poderes Judiciales estatales y de su independencia deberá ser una prioridad de la próxima administración. Quitando tentaciones de por medio, quizá podamos asegurar que la luz llegue a todos los rincones del país.