David Ramírez-de-Garay / El Sol de México

Cuando un perpetrador tiene acceso a armas de fuego, su capacidad destructiva se incrementa y sus efectos se pueden extender por toda una nación . En el último mes, hemos visto una diversidad de reacciones ante el tiroteo masivo número 150 en la historia de Estados Unidos, ocurrido dentro de una escuela en el estado de Florida.  Con ello, han incrementado las conversaciones sobre la disposición de armas en el país. El estimado más reciente (2013) es de 89 a 100 armas por cada 100 estadounidenses, casi un arma por cada habitante (Centro de Investigaciones Pew). Y los tiroteos masivos son solo un ápice del gran problema que representan las muertes por arma de fuego. En 2016, la tasa de muertes intencionales por arma de fuego en Estados Unidos fue de 3.85 por cada 100,000 habitantes; el promedio entre países con el mismo nivel socioeconómico fue de 0.79 (Instituto de Métricas de Salud y Evaluación de la Universidad de Washington)

En México hablamos (y sabemos) mucho menos al respecto. En 2016 el país registró una tasa de muertes intencionales por arma de fuego de 10.76 y, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, en 2017 el 66.7% de los homicidios dolosos se cometieron con armas de fuego. De hecho, para el periodo 2013-2017 este tipo de homicidios crecieron en 65.7%. Para poner en perspectiva esta cifra, en 1997 solo el 15% de los homicidios se dieron bajo la misma modalidad. ¿Es razón suficiente para preocuparnos?

Lo es, pero desafortunadamente no conocemos la dimensión del problema. No existen datos de calidad sobre posesión de armas y la única información que tenemos disponible son aproximaciones como la realizada por la Unidad de Inteligencia de The Economist en donde, a partir de un ejercicio cualitativo, se estima que el acceso a armas ligeras y pequeñas es alto. Esto, en gran medida, achacable al mercado negro.  

El panorama también se complica por el flujo de armas hacia el país. En específico, las armas provenientes de Estados Unidos representan el 70% de las armas recuperadas por el gobierno mexicano como parte de una investigación criminal entre 2011 y 2016 (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos).

El mercado ilegal interno y el flujo desde EU tienen efectos directos en el incremento de la violencia letal en México. Sin embargo, el Estado mexicano está haciendo poco para combatir la proliferación. Por ejemplo, la actual Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos data de 1972, y entre 2003 y 2015 se ha reformado en cuatro ocasiones, solo para ajustar las penas por posesión y para permitir el uso de armas por funcionarios extranjeros. Ante el rampante comercio de armas en la frontera y la falta de rectoría del Estado en la posesión, no han existido reformas que actualicen un marco legal que se antoja obsoleto.

Es indispensable proponer reformas en tres ejes: combatir el comercio en la frontera norte, controlar el mercado negro interno y mejorar los sistemas de registro y rastreo de armas. De igual forma, la ley tendría que dar cabida a la prevención para generar políticas contra la posesión y el uso de armas.  

El próximo 24 de marzo en Washington D.C. grupos de estudiantes protagonizarán la “Marcha por nuestras vidas” (March For Our Lives) a favor de mayor regulación para la posesión y uso de armas – con más de 600 marchas paralelas programadas a lo largo del país-. En México ¿cuántas veces más tendremos que escuchar que una persona fue baleada para demandar acciones? Guardar silencio sobre la proliferación de armas cuesta vidas.