David Ramírez de Garay / El Sol de México

El martes 30 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior (LSI). Es muy probable que antes de que finalice el periodo la LSI sea aprobada por las dos cámaras.

Desde que se presentó, la iniciativa generó un rechazo inmediato por parte de las organizaciones de la sociedad civil, especialistas e incluso representantes de organismos internacionales; los relatores especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA expresaron su preocupación por las implicaciones de esta legislación. Desafortunadamente, de poco sirvieron la crítica y las reaccionesque buscaban detener la aprobación para abrir una discusión más amplia de las implicaciones de las labores del ejército en seguridad pública.

De entrada, el hecho de que los principales actores involucrados en el proceso legislativo hayan reaccionado a los cuestionamientos con cerrazón es un indicador preocupante. No hay que olvidar que la discusión y posterior aprobación en la comisión de origen se dio a puerta cerrada y se obstaculizó la participación de la sociedad civil. Esta es una acción inquietante en un país con urgencia de fortalecer sus procesos democráticos.

Todavía más preocupantes son los efectos que la LSI tendrá en el respeto a los derechos humanos. Más allá del discurso oficial, los últimos dos sexenios no han logrado remontar la deuda que tienen las instituciones consu observancia. La Unión Europea, en su reporte anual sobre esta materia (2016) señaló a México como un país con grandes déficits. Justo en este contexto de precariedad se activará una ley que, como se señaló en muchas ocasiones por parte de la sociedad civil, no cuenta con los controles mínimos para evitar las violaciones.

Junto con lo anterior, el problema más grave que la LSI acarreará será el debilitamiento de las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad pública. Notoriamente, la iniciativa de la LSI no contiene mecanismos que contemplen apoyar (o coadyuvar) el fortaleciendo de las instituciones estatales. La institucionalización de la participación del ejército en labores de seguridad pública va a fortalecer una cadena de incentivos negativos para el mejoramiento de las policías locales.

Con la regularización de la presencia del ejército, ¿cuál va a ser el interés de las autoridades estatales para acelerar la ya de por sí retrasada aplicación del desarrollo policial al cual están obligados desde 2008? ¿Cómo se van a modificar las condiciones de gobernanza de la seguridad pública local cuando el ejecutivo federal llevará la mano en la decisión de realizar un operativo? Dado que el proyecto de ley considera toda la información de seguridad interior como información reservada,¿cuál sería el horizonte para la rendición de cuentas en la evaluación de los operativos? Desafortunadamente, el diseño actual de la LSI no nos permite pensar que las respuestas a estas preguntas serán a favor del mejoramiento de la seguridad a partir de principios democráticos y de apertura institucional.

La LSI representa un grave retroceso en la construcción de un Estadoqueotorgue seguridad a partir de un marco institucional democrático. Desde la sociedad civil seguiremos trabajando para demostrar que el único método real contra la inseguridad es la vía civil, no la militar.