Edna Jaime

La inversión en cuerpos en seguridad ha sido enorme en los últimos años, pero hay que considerar que gran parte de este flujo lo consumió la Policía Federal y la antigua Secretaría de Seguridad Pública.

Nada habla mejor de la debilidad de nuestro Estado de derecho que la condición en la que se encuentran nuestras policías. El oficial de policía que hace rondines en la calles, patrulla colonias o recolecta pruebas en el lugar del crimen para probar una ofensa y después llevarla a la justicia, es absolutamente esencial en un país en el que la ley es el marco de referencia para la convivencia. La denominación en inglés para esta función revela su importancia: law enforcement officer. Dándome una licencia para una traducción en nuestro idioma diría que es quien representa la ley en nuestras calles.

Las sociedades que cuentan con un Estado de derecho pleno cuidan de esta pieza como pocas otras cosas. Es un trato merecido para quienes pone en riesgo su vida al proteger la de los demás. Ese reconocimiento se traduce generalmente en entrenamiento suficiente, el equipo necesario para ejercer su función correctamente y quizá lo más importante: certeza y transparencia en sus carreras, además de un conjunto de beneficios materiales que retribuyan a su trabajo. Es evidente que por ser portadores del ejercicio legítimo de la fuerza deben de contar con mecanismos de vigilancia y control interno y ciudadanos que eviten excesos en su uso. En una democracia, el ejercicio de la fuerza se debe dar en estricto apego al respeto de los derechos humanos.

En México llevamos varios años tratando de reformar a nuestras instituciones policiacas. Y a pesar del esfuerzo y los recursos invertidos, los logros todavía no se registran en indicadores clave de incidencia delictiva y de confianza ciudadana. Tampoco en indicadores específicos en materia policial. De hecho existen localidades en el país sin policías o con un número tan reducido que resultan irrelevantes para todo fin práctico.

Las condiciones en que se encuentran las instituciones de seguridad son reflejo de nuestro pasado y también de nuestra relación con la ley. Entonces, la retórica era de legalidad, pero la realidad era de vigencia de arreglos y mecanismos informales de interacción en todos los niveles. En este contexto, no prohijamos guardianes de la ley sino personeros de quienes detentaban el poder. No es casual que en regiones en que el arraigo de caciques es ancestral, las policías simplemente no existan.

El pasado sirve para explicarnos el presente, pero no nos resuelve el problema. El tema para nosotros es cómo podemos en el curso de los siguientes años formar policías cuyo encargo sea evitar la infracción de la ley, pero una vez que haya una ofensa, llevar al infractor a la justicia. La Policía Federal tiene ya muchos rasgos de un cuerpo de seguridad moderno. Ciertamente lo que le hace falta reforzar no es menor y me refiero a mecanismos de disciplina, responsabilidad y rendición de cuentas que le dé el carácter de fuerza de seguridad en democracia. En ausencia de estos controles, muy rápido esta nueva organización puede parecerse a las del pasado. Otros estados van avanzados en este proceso (Nuevo León con Fuerza Civil, por ejemplo), otros más aún no comienzan. O lo han hecho con poca convicción y también con pocos recursos. El proceso es ferozmente complejo y también caro. Parte de la complejidad deriva de los pocos recursos con los que pretendemos construir policías modernas.

La inversión en cuerpos en seguridad ha sido enorme en los últimos años, pero hay que considerar que gran parte de este flujo lo consumió la Policía Federal y la antigua Secretaría de Seguridad Pública. Esta decisión estratégica tuvo un efecto en las regiones. Pero aun si los recursos fueran más abundantes, los mecanismos a través de los que se distribuye no son los óptimos. Nuestro deficiente arreglo federal en lo fiscal afecta a todas las políticas públicas y se magnifica en esta particular.

En el centro del problema, sin embargo, no creo que estén los recursos ni nuestro federalismo deficiente, sino nuestra falta de fe en el Estado de derecho. No encuentro en los debates vigentes una preocupación genuina por el tema, una causa que inflame convicciones, menos el deseo de la clase política de restringir sus conductas al imperio de la ley. Por eso, la reforma a la justicia penal avanza a paso lento, lo mismo que la de nuestras policías.

La reforma policial en México ha adquirido un esquema de formato, un check listque hay que ir palomeando bajo la tutela del gobierno federal. No hay detrás una discusión social amplia, tampoco un acuerdo político que asuma la absoluta necesidad de colocar este tema en el centro de las prioridades. Mientras sigamos este proceso, pasarán años y las policías seguirán siendo débiles como nuestra convicción y nuestra fe en torno al imperio de la ley.