Edna Jaime

La educación de los hijos es una prioridad para los mexicanos. Desde la familia más encumbrada hasta la más humilde aporta parte del ingreso familiar para financiar esta actividad que, ciertamente, es central para la persona en su faceta humana y productiva, pero también para la nación. Cada año, miles de millones de pesos se movilizan para la educación. Es conmovedor constatar que hasta las familias más pobres de nuestro país contribuyen al financiamiento educativo pagando cuotas y contribuciones diversas, para mejorar el entorno en el que su niño o niña debe aprender. Por eso es criminal que los recursos destinados a la educación se malgasten, y sirvan a otros propósitos que no sean los educativos.

En México, los recursos destinados a la educación básica y especial se desvían en cantidades que pueden ser multimillonarias. Todavía no podemos tener la certeza de cuánto, dónde y a través de qué mecanismos, porque la información con que contamos no es suficiente para hacer precisiones. Pero es un hecho que tenemos irregularidades en la nómina educativa que de no corregir, nos seguirá condenando a la mediocridad.

El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos, que hace algunos meses nos dio a conocer la autoridad educativa federal y que recientemente analizamos en México Evalúa, nos deja ver de qué tamaño son las irregularidades que se presentan en la nómina educativa. Marco Fernández su autor, las identifica y propone un método para cuantificar su costo monetario. Nos ofrece un rango en el que pudiera situarse el pago de esta nómina irregular. Estamos hablando de personal comisionado o con licencia, de aviadores, jubilados, renunciados y fallecidos que siguen cobrando. También de personas que trabajan en un centro distinto al que está asignada la plaza, a los que se negaron a contestar el censo, a los que estuvieron ausentes o de plano se rehusaron a recibir al personal que lo levantó. Estas irregularidades convertidas en pesos constantes y sonantes dan un rango entre 16 mil y 51 mil millones de pesos.

Este rango es una aproximación construida con la información disponible. De hecho, es posible que algunas de las irregularidades que ahora se detectan no lo sean en realidad. Pero también que el costo real supere dicha estimación, porque en su cálculo no se consideraron  carrera magisterial ni prestaciones. Todo esto lo podríamos aclarar si tuviéramos acceso a la información completa del censo y a otros archivos que la autoridad educativa mantiene sin publicar.

Entiendo que la existencia misma de este instrumento revela un verdadero compromiso con la reforma. El censo es un punto de partida obligado para poner en orden la nómina educativa, ubicar dónde están los rezagos más graves en materia de infraestructura, conocer el perfil de los docentes. También para comenzar a tener más control sobre los recursos que se le asignan. Lo básico para poder diseñar políticas públicas más inteligentes y efectivas. El desorden en la nómina, el desconocimiento de aspectos básicos del funcionamiento cotidiano de las escuelas nos revela que, efectivamente, el Estado perdió la rectoría del sector muchos años atrás. Ni qué decir de los ciudadanos y usuarios del servicio: nosotros nunca hemos contado.

Bien dice el dicho que el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Y desafortunadamente no encuentro ese ánimo en las autoridades educativas estatales, destinatarias también de este estudio. Frente a su publicación ha predominado el silencio y la descalificación de unos cuantos. No hay aclaraciones, ni tampoco manifestación de intención de ordenar la casa. Proceden como si nada sucediera.

La autoridad educativa federal ha mostrado una sincera disposición al diálogo que estoy segura derivará en acciones que lleven a corregir las irregularidades detectadas comenzando por el DF, en donde la autoridad federal tiene potestad. Sería un buen inicio y un buen ejemplo.

En el 1992 fui una entusiasta de la reforma que descentralizó el servicio educativo a los estados. La descentralización entonces era un signo del cambio político, de la necesaria construcción de contrapesos a la figura del Presidente fuerte y de una centralización excesiva, y de las posibilidad de brindar un mejor servicio al encontrarse el proveedor más cercano del usuario.

Hoy tenemos que hacernos cargo del desorden que aquello dejó. La descentralización educativa se hizo a nuestro estilo: a medias, con cabos sueltos y con confusión en las responsabilidades de cada orden de gobierno. Y también con las reservas de la Federación que quiso cambiar sin hacerlo de verdad. Ahora emprendemos el camino contrario, me temo que la descentralización a medias que ahora devendrá en una centralización incompleta, dejará atribuciones confusas, responsabilidades diluidas y quizá poca oportunidad para cambiar al sistema educativo de verdad.

Yo le deseo la mejor de las suertes a los reformadores. Porque si la educación de este país cambia, todo lo bueno vendrá por consecuencia.